Por Renan Filho · 2026-09-24El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a la primera línea mediática, esta vez no por la política exterior ni por sus declaraciones sobre Venezuela, sino por un litigio heredado del siglo pasado. Se trata de la joyería Yanes, un establecimiento fundado en 1901 en la calle de Alcalá de Madrid, cuyos propietarios reclaman desde hace años la devolución de un lote de joyas incautadas durante la Guerra Civil. El conflicto, que parecía estrictamente judicial, ha adquirido tintes políticos tras la intervención pública de Zapatero.
En declaraciones recogidas por varios medios nacionales, Zapatero afirmó que «no puede ser que una parte interesada sea la que fije el valor de lo que reclama». Se refería a la posibilidad de que la joyería Yanes perite sus propias piezas, un derecho que, según los propietarios, les asiste como parte demandante en un proceso que lleva más de 80 años sin resolverse. El expresidente sostiene que «el Estado tiene interés legítimo en tasar esas joyas», y que «el valor de dos millones de euros que se baraja debe ser verificado por peritos independientes». La afirmación ha desatado un intenso debate sobre el papel del Estado en la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos para defender sus bienes.
El contexto de la disputa se remonta a 1936. Durante los primeros meses de la Guerra Civil, el gobierno republicano incautó numerosas joyas y objetos de valor a familias y comercios considerados afines al bando sublevado. La joyería Yanes, de tradición conservadora y monárquica, fue uno de los establecimientos afectados. Tras la guerra, la dictadura franquista no devolvió las piezas, argumentando que habían sido incautadas legalmente por el Estado republicano. Décadas después, con la llegada de la democracia, la familia Yanes inició un largo proceso judicial para recuperar lo que considera su legítima propiedad.
Por qué importa esta polémica El caso Yanes es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado, incluso en democracia, puede prolongar indefinidamente la restitución de bienes privados. En 2023, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de la familia a recuperar las joyas, pero el proceso de tasación se ha convertido en un nuevo obstáculo. La propuesta de Zapatero de que el Estado perite las piezas supone, en la práctica, que la administración pública —la misma que incautó los bienes— fije el precio de lo que debe devolver. Desde una perspectiva liberal-conservadora, esto genera un conflicto de intereses evidente: el Estado es juez y parte.
La cifra de dos millones de euros que menciona Zapatero no es aleatoria. Según documentación presentada por la joyería Yanes ante los tribunales, el lote incluye diamantes, esmeraldas y piezas de oro de alta calidad, avaladas por tasaciones independientes encargadas por la propia familia. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, que ha gestionado el caso durante años, ha cuestionado repetidamente esas valoraciones. En 2019, un informe interno del ministerio sugería que el valor real podría ser «significativamente inferior», aunque no aportaba peritajes alternativos.
Análisis FORTIS: ¿quién debe tasar? El núcleo de la cuestión es si el Estado debe intervenir en la valoración de bienes privados que nunca debieron ser confiscados. En un mercado libre, el precio de un bien lo determina la oferta y la demanda, no un funcionario. Si la joyería Yanes presenta una tasación realizada por un perito acreditado y homologado por el colegio profesional correspondiente, el Estado debería aceptarla o, en todo caso, contratar un peritaje contradictorio por su cuenta. Pero lo que propone Zapatero —que el Estado se arrogue la potestad exclusiva de la tasación— es un paso atrás en la protección del derecho de propiedad.
Además, la declaración de Zapatero llega en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado varias medidas de intervención en el mercado, como el control de precios de los alquileres o la regulación de las plataformas digitales. La controversia de las joyas Yanes se convierte así en un símbolo de una tendencia más amplia: la desconfianza del Estado hacia la iniciativa privada y la libertad de los ciudadanos para gestionar sus propios bienes.
Contrapunto: la posición del Gobierno y los herederos Fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por este portal han recordado que el caso está judicializado y que «el Estado debe velar por el interés general». Según esas fuentes, «no se puede permitir que un particular fije unilateralmente el valor de unos bienes que, durante décadas, han estado bajo custodia pública». Sin embargo, los herederos de la joyería Yanes replican que ellos no piden un favor, sino justicia. «Llevamos 80 años esperando. No es que queramos tasar las joyas para vendérselas al Estado; es que las joyas son nuestras, y solo pedimos que se nos devuelvan. Si el Estado quiere comprarlas, que pague el precio de mercado», declaró un portavoz de la familia a la agencia EFE.
El caso ha generado división incluso dentro del propio espacio progresista. Mientras que sectores próximos a Podemos defienden la intervención estatal como garantía de transparencia, juristas y economistas liberales señalan que el Estado no tiene legitimidad para tasar bienes que nunca debió incautar. «Es como si un ladrón tasara lo que robó antes de devolverlo», resumía en Twitter el abogado Carlos Martínez de la Serna, especialista en derecho de propiedad.