Por Renan Filho · 2026-09-26El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en las que solicita información pormenorizada sobre la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que la han solicitado invocando el estatus de descendientes de emigrantes anteriores a 1936. En publicación en redes sociales, la formación que lidera Santiago Abascal ha denunciado que el Gobierno estaría haciendo una interpretación extensiva de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que recoge este supuesto en su disposición adicional octava.
La ley, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, amplía el derecho de opción a la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que, por razones de exilio, lo hubieran perdido o renunciado. El texto legal incluye de manera expresa a los descendientes de quienes emigraron entre 1936 y 1975, pero la disposición adicional citada también permite acogerse a la norma a aquellos que abandonaron el país en fechas anteriores, siempre que se demuestre la condición de exiliado económico o político. Es precisamente esta puerta abierta la que Vox considera una grieta legal susceptible de ser utilizada para la obtención fraudulenta de la nacionalidad.
Fuentes del partido han trasladado a la prensa que el principal temor es que este procedimiento se esté convirtiendo en una vía para la entrada de personas sin un vínculo real con España, y que la burocracia consular no está realizando un control riguroso de la documentación presentada. En declaración a la prensa, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que es necesario saber cuántas solicitudes se han presentado desde la entrada en vigor de la ley, cuántas han sido aprobadas, cuántas denegadas y, sobre todo, cuántas de ellas se basan en el supuesto de los emigrantes anteriores a 1936. Garriga ha añadido que la formación no se opone a reparar injusticias históricas, pero sí a que se utilice una ley de memoria para encubrir un proceso de regularización migratoria encubierta.
El contexto en el que se produce esta petición no es baladí. En los últimos meses se ha detectado un notable incremento de solicitudes de nacionalidad presentadas en consulados españoles en países de América Latina, especialmente en México, Cuba y Argentina, por parte de personas que aseguran descender de españoles que emigraron a principios del siglo XX, huyendo de la pobreza o de las guerras carlistas. Muchas de estas solicitudes se están tramitando al amparo de la mencionada disposición adicional, una interpretación que diversos juristas consultados por FORTIS consideran cuanto menos arriesgada, dado que la redacción original de la ley menciona expresamente el periodo 1936-1975, vinculado al exilio republicano y la dictadura.
¿Por qué importa esta cuestión más allá del debate identitario? Porque la concesión de la nacionalidad conlleva, automáticamente, el acceso a un pasaporte español y europeo, con lo que ello supone en términos de derechos de residencia, trabajo y circulación en el espacio Schengen. Un pasaporte español no es un mero trámite administrativo: es la puerta de entrada a uno de los bloques económicos más prósperos del mundo. Si la administración relaja los filtros de concesión basándose en una interpretación laxa de una ley pensada para un periodo concreto, el Estado español estará asumiendo un coste fiscal y social que no le corresponde, mientras los contribuyentes españoles siguen soportando una presión fiscal récord y unos servicios públicos que se financian con sus impuestos.
El análisis de FORTIS es claro: el Gobierno de Sánchez ha demostrado en múltiples ocasiones que no siente especial apego por la legalidad cuando se trata de satisfacer a su electorado, y la política migratoria no es una excepción. La Ley de Memoria Democrática, aprobada con el apoyo de los herederos políticos de ETA y Bildu, no es un instrumento de justicia histórica, sino una herramienta de ingeniería social para reescribir la historia y, de paso, ampliar el censo de potenciales votantes (o al menos, de potenciales beneficiarios de los servicios públicos) sin pasar por el control parlamentario adecuado. La pregunta de Vox es oportuna y necesaria, aunque sorprende que no se formulara hace dos años, cuando la ley se estaba tramitando.
El contrapunto, para ser justos, proviene de sectores progresistas que defienden la medida como una reparación necesaria para todos los descendientes de españoles que abandonaron el país por cualquier motivo. Argumentan que las migraciones económicas de antes de 1936 también fueron consecuencia de un Estado que no garantizaba condiciones de vida dignas a su población, y que la distinción entre exilio político y económico es artificial. Sin embargo, esta postura, comprensible desde un punto de vista humanitario, choca frontalmente con el principio de seguridad jurídica: una ley es precisa o no es ley, y abrir la puerta a interpretaciones extensivas en materia de nacionalidad solo conduce al caos burocrático y a la arbitrariedad. Si el Gobierno quería incluir a los emigrantes anteriores a 1936, debería haberlo hecho de manera expresa y con los requisitos claros, no mediante una disposición redactada de forma ambigua.
En este punto, la formación liderada por Abascal ha señalado que llevará el asunto a los tribunales si no recibe una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio que dirige Félix Bolaños. La petición no se limita a un simple informe, sino que solicita la relación completa de expedientes concedidos y denegados, así como los criterios técnicos aplicados por los funcionarios consulares. Al mismo tiempo, exige que se publique un mapa de países de origen de los solicitantes, para detectar posibles patrones de fraude documental, una práctica que se ha denunciado en varios países de América Latina, donde existen mafias dedicadas a la obtención de certificados de nacimiento y otros documentos falsos para tramitar la nacionalidad.