Por Renan Filho · 2026-09-25Ceuta, la frontera sur de Europa, se ha convertido en un laberinto subterráneo. Imágenes obtenidas por fuentes de la Guardia Civil muestran una red de túneles de hasta 500 metros de longitud que conectan barrios periféricos con zonas de monte, utilizados por inmigrantes irregulares para ocultarse de las redadas. Los pasadizos —excavados a mano, con refuerzos de madera y plástico— fueron descubiertos tras la oleada migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la valla en cuestión de horas, aprovechando la pasividad de las autoridades marroquíes.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses. Según datos del Ministerio del Interior a los que tuvo acceso este periódico, entre enero y agosto de 2026 se han detectado 37 túneles activos en Ceuta, frente a los 12 de todo 2025. La Guardia Civil estima que al menos 2.500 inmigrantes viven en condiciones infrahumanas dentro de estos pasadizos, muchos de ellos menores no acompañados. "No es un problema de inmigración, es un problema de seguridad nacional", declaró a la prensa el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
**Contexto: La invasión silenciosa**
Los túneles forman parte de una estrategia coordinada. Las mafias de tráfico de personas cobran entre 3.000 y 6.000 euros por el "servicio completo": cruce de la valla, guía hasta el túnel y escondite durante semanas. Una vez dentro, los inmigrantes se turnan para salir a pedir comida o agua en los barrios cercanos, aprovechando la complicidad de algunos vecinos y la falta de recursos policiales para patrullar las 24 horas.
El Gobierno central, gestionado por la coalición PSOE-Sumar, ha destinado 45 millones de euros en los últimos dos años para "mejorar la seguridad perimetral" de Ceuta. Sin embargo, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía filtrado recientemente, el 70% de esos fondos se han ido en estudios técnicos, informes de consultoría y subvenciones a ONG que, en lugar de colaborar con las autoridades, han denunciado las devoluciones en caliente y presionado para que no se actúe contra los túneles.
**Por qué importa: Soberanía y seguridad**
Para un liberal-conservador, la situación es un escándalo mayúsculo. El Estado español recauda impuestos récord (superan el 42% del PIB) y, sin embargo, no es capaz de controlar una frontera de ocho kilómetros. Cada túnel desmantelado requiere 48 horas de trabajo de una brigada especializada, pero los recursos humanos se han reducido un 15% desde 2023 por los recortes presupuestarios impuestos por Bruselas. La Unión Europea, mientras tanto, sigue exigiendo a España que "respete los derechos humanos" de quienes entran ilegalmente, en lugar de financiar muros efectivos o patrullas conjuntas con Marruecos.
**Análisis FORTIS: El coste de la inacción**
El problema de los túneles no es técnico, es político. La izquierda española ha convertido la inmigración irregular en un negocio: subvenciona a ONG que gestionan centros de acogida, otorga permisos de residencia temporales a quienes "colaboran" con el sistema judicial, y evita cualquier operación de repatriación que pueda generar titulares incómodos. El resultado es que Ceuta se ha transformado en un coladero: quienes entran por los túneles no son refugiados sirios o ucranianos —aunque los haya—, sino jóvenes magrebíes en busca de empleo informal que saturan los servicios públicos de una ciudad que ya sufre un paro del 28%.
La lógica del libre mercado es clara: cuando el coste de entrar es bajo (un túnel, un soborno al guardia marroquí) y el beneficio esperado es alto (trabajo en negro, ayudas sociales, posibilidad de reagrupación familiar), la demanda de inmigración irregular se dispara. El Estado, en lugar de elevar el coste mediante políticas disuasorias (devoluciones inmediatas, sanciones a empleadores ilegales, eliminación de subvenciones a ONG que facilitan la permanencia), prefiere gastar millones en parches tecnológicos que nunca funcionan. En 2024, la Guardia Civil instaló sensores térmicos en tres kilómetros de valla; seis meses después, los inmigrantes ya sabían cómo engañarlos con mantas isotérmicas.
**Contrapunto: La posición de las ONG y el Gobierno**
Desde Acnur y CEAR se insiste en que los túneles son "una consecuencia de la externalización de fronteras" y que la solución pasa por abrir vías legales y seguras. En una nota difundida la semana pasada, la Delegación del Gobierno en Ceuta afirmó que "se están reforzando los protocolos de identificación y derivación a centros de acogida", sin mencionar las expulsiones. La realidad es que, mientras las autoridades discuten, los túneles siguen activos. El alcalde de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha pedido en varias ocasiones que se declare la "emergencia migratoria" para poder usar fondos de contingencia, pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lo ha denegado alegando que "no hay evidencia de un incremento sustancial" de entradas.
Los datos oficiales, sin embargo, contradicen esa afirmación. Según el Observatorio de la Inmigración en Ceuta, las entradas por valla han crecido un 40% en 2026 respecto al año anterior, y las detenciones en los túneles representan ya el 18% del total de interceptaciones. "Si no se actúa, Ceuta será una segunda Melilla, pero sin valla de seis metros", advirtió en un hilo de X el analista de seguridad Jorge García, citando informes desclasificados de la inteligencia militar.
**Pregunta 1: ¿Por qué los inmigrantes eligen los túneles en lugar de la valla o el mar?**
Porque los túneles ofrecen mayor discreción y menor riesgo de lesiones. La valla tiene concertinas y cámaras térmicas; el mar implica nadar con corrientes peligrosas. Los pasadizos, aunque insalubres, permiten que grupos enteros (incluyendo mujeres embarazadas y niños) se oculten durante días sin ser detectados. Además, al estar dentro de la ciudad, una vez que emergen ya están en territorio español y es más difícil que los devuelvan a Marruecos, debido a las trabas burocráticas de la ley de extranjería.
**Pregunta 2: ¿Qué medidas propone la línea editorial liberal-conservadora para solucionar este problema?**
En FORTIS defendemos tres acciones inmediatas: primera, eliminar las subvenciones públicas a ONG que actúan como infiltradas en la frontera y no cooperan con las fuerzas de seguridad. Segunda, reinstaurar las devoluciones en caliente con todas las garantías jurídicas (como ya hace Estados Unidos en su muro), coordinando con Marruecos una readmisión ágil. Tercera, condicionar la ayuda europea a que España recupere el control efectivo de Ceuta: si la UE no quiere pagar muros, que al menos permita que España los construya sin vetos ideológicos. La soberanía nacional no es negociable, y los túneles son la prueba de que el Estado ha abdicado de su deber más básico: proteger sus fronteras.