El Supremo confirma el archivo de la denuncia del general que se plantó ante el boicot a Ayuso

El Tribunal Supremo ha puesto punto final a una polémica que sacudió los cimientos de la relación entre el poder militar y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En una sentencia fechada el pasado 18 de septiembre, la Sala de lo Penal confirmó el archivo de la denuncia interpuesta por el general Fernando Ruiz Gómez contra el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un delito de coacciones. El origen del conflicto se remonta a julio de 2023, cuando el general, en su calidad de jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, se negó a ejecutar una orden verbal que, según su relato, pretendía «aislar y debilitar políticamente» a la presidenta madrileña.

La denuncia, presentada en enero de 2024, relataba que altos cargos del Ministerio del Interior instaron al general a no colaborar con la Comunidad de Madrid en materia de seguridad durante la campaña electoral autonómica. Ruiz Gómez sostuvo que la instrucción era clara: «No se debe dar cobertura ni apoyo institucional a Ayuso». El militar, con más de 35 años de servicio, se negó a acatar la orden, argumentando que vulneraba el principio de neutralidad política de las Fuerzas Armadas y el deber de auxilio a las administraciones territoriales.

El Supremo, no obstante, consideró que los hechos denunciados no constituyen delito. En su auto, al que ha tenido acceso FORTIS NEWS, los magistrados señalan que «no existe constancia de una orden formal ni de un acto coactivo que encaje en el tipo penal del artículo 172 del Código Penal». La Sala añade que las discrepancias entre el general y sus superiores «se enmarcan en el ámbito de la disciplina militar y la relación jerárquica, sin que se aprecie dolo ni intimidación». La decisión fue unánime y no cabe recurso ordinario.

**Contexto: la batalla política tras la negativa**

El caso trascendió los cuarteles cuando el propio general Ruiz Gómez, en una entrevista concedida al diario *El Mundo* en agosto de 2023, afirmó que «en el Ministerio del Interior se estaba orquestando una campaña de acoso institucional contra la presidenta de la Comunidad de Madrid». Sus declaraciones provocaron un terremoto político. El Partido Popular llevó el asunto al Congreso de los Diputados, exigiendo la comparecencia de Marlaska. El entonces ministro negó tajantemente las acusaciones, calificándolas de «absolutamente falsas y carentes de fundamento». «Nunca he dado ni daré instrucciones que comprometan la neutralidad de las Fuerzas Armadas», declaró Marlaska en sede parlamentaria.

La versión del Gobierno siempre fue que se trataba de una «interpretación errónea» de una conversación informal sobre prioridades de seguridad. Según fuentes gubernamentales consultadas por FORTIS NEWS, el general malinterpretó una recomendación de «no desviar recursos» hacia actos políticos en período electoral. Sin embargo, el testimonio de Ruiz Gómez, respaldado por un acta notarial de su declaración, sostenía que la orden fue explícita y que él mismo la consideró «una vulneración del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en actividades políticas».

**Por qué importa: el precedente y el coste de la crispación**

Más allá del resultado judicial, este episodio deja preguntas incómodas sobre la utilización partidista de las instituciones del Estado. Que un general de división, con una hoja de servicios intachable, se vea forzado a denunciar a su propio ministro revela un nivel de tensión institucional que trasciende lo anecdótico. España no puede permitirse que la lucha política contamine la neutralidad de sus Fuerzas Armadas. Si la denuncia hubiera sido cierta, estaríamos ante un caso de coacción a un alto mando militar para fines partidistas, algo que en cualquier democracia liberal sería considerado un escándalo de primera magnitud.

Ahora bien, la decisión del Supremo no absuelve moralmente al Gobierno. Archivar una denuncia por falta de tipicidad penal no equivale a certificar que no hubo presiones. El auto judicial se limita a decir que no hay delito, no que no hubo una conversación desafortunada o una orden verbal malinterpretada. El Ejecutivo de Sánchez debería explicar con mayor claridad qué se dijo exactamente en esa reunión. La opacidad alimenta la desconfianza. Y en un país donde la polarización ya ha alcanzado cotas peligrosas, cada gesto de falta de transparencia es una gota que colma el vaso de la crispación.

**Análisis FORTIS: un archivo que no cierra el debate**

Desde una perspectiva liberal-conservadora, este caso ilustra dos problemas estructurales del Estado español. Primero, la hipertrofia del poder ejecutivo, que tiende a instrumentalizar cualquier resquicio administrativo para castigar a sus adversarios políticos. El boicot institucional a Ayuso, de haber existido, sería la expresión más burda de un Estado que gasta mal, tributa demasiado y entrega poco —en este caso, entrega hostilidad política en lugar de seguridad y cooperación institucional. Segundo, la judicialización de la política: cuando los conflictos no se resuelven en las urnas ni en los despachos, se trasladan a los tribunales, que terminan actuando como árbitros de disputas que deberían zanjarse con diálogo y respeto a la ley.

No obstante, FORTIS NEWS debe ser riguroso con los hechos. La sentencia del Supremo es clara: no hay delito. Inventar una narrativa de «persecución» sin pruebas sería tan irresponsable como negar la posibilidad de que existieran presiones. El general Ruiz Gómez ha demostrado una coherencia encomiable al mantener su versión, pero sin elementos probatorios adicionales —grabaciones, correos electrónicos, testigos directos—, su denuncia se queda en el terreno de la sospecha. Y la sospecha, por fundada que parezca, no es suficiente para condenar a nadie. Eso es el Estado de Derecho: las acusaciones deben probarse, no presumirse.

**Contrapunto: la versión del Gobierno y la fragilidad de la prueba**

El Ministerio del Interior, en una nota remitida a los medios tras conocerse el archivo, celebró la decisión judicial y reiteró que «el ministro Marlaska actuó en todo momento conforme a la legalidad y al principio de neutralidad institucional». La nota añade que «el general Ruiz Gómez fue informado de que no existía ninguna instrucción de boicot, y que su interpretación fue fruto de un malentendido». Esta versión, sin embargo, no explica por qué un militar de alto rango, con acceso a información privilegiada, decidió hacer público un asunto que sabía que le costaría su carrera. Ruiz Gómez pasó a la reserva pocos meses después de sus declaraciones, en un movimiento que muchos interpretaron como una salida forzada.

El Partido Popular, por su parte, ha anunciado que presentará una nueva batería de preguntas en el Congreso para esclarecer lo ocurrido. «El archivo judicial no cierra el debate político», afirmó el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, en declaraciones a la agencia EFE. «Los españoles tienen derecho a saber si hubo o no una orden política para boicotear a una presidenta autonómica». La oposición sabe que, aunque el Supremo haya archivado la causa, el daño reputacional para Marlaska ya está hecho. Y en política, la percepción a menudo pesa más que la sentencia.

**1. ¿Queda alguna vía judicial abierta para el general Ruiz Gómez?** No. El auto del Tribunal Supremo es firme y no admite recurso ordinario. El general podría intentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales, pero la jurisprudencia europea exige un agotamiento previo de todas las vías internas, algo que ya ha ocurrido. Las posibilidades de éxito son reducidas, dado que el Supremo no apreció indicios de delito. La batalla del general, por tanto, queda circunscrita al terreno político y mediático.

**2. ¿Puede este caso tener consecuencias políticas para el Gobierno de Sánchez?** A corto plazo, es improbable que el archivo judicial provoque una crisis de gobierno. El Ejecutivo cuenta con una mayoría ajustada en el Congreso y la oposición no tiene fuerza para impulsar una moción de censura. Sin embargo, el desgaste reputacional es real. Cada episodio de tensión institucional —ya sea el «caso Koldo», las comisiones de investigación en el Senado o este boicot a Ayuso— erosiona la credibilidad del Gobierno. En un contexto de alta polarización, la acumulación de estos escándalos puede restar apoyos entre el electorado moderado. Para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el caso refuerza su narrativa de «asedio» por parte de La Moncloa, un relato que moviliza a su base conservadora.