Por Renan Filho · 2026-09-23La montaña rusa West Coast Racers, ubicada en el parque Six Flags Magic Mountain de Valencia (California), se ha convertido en el centro de una batalla legal sin precedentes. Más de 100 personas han presentado una demanda colectiva alegando que sufrieron daños cerebrales, conmociones y hemorragias intracraneales después de subirse a esta atracción de lanzamiento múltiple entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Los demandantes, representados por el bufete Raiser & Kenniff, sostienen que el parque conocía los riesgos desde hace años y no advirtió adecuadamente a los visitantes.
El caso, presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, detalla que los afectados experimentaron síntomas como migrañas persistentes, vértigo, pérdida de memoria y, en los casos más graves, sangrado cerebral diagnosticado mediante resonancia magnética. Uno de los testimonios más llamativos es el de una mujer de 34 años que requirió cirugía de emergencia tras despertar en su hotel con un hematoma subdural. Los denunciantes no buscan una compensación simbólica: piden que Six Flags asuma los costes médicos, el lucro cesante y una indemnización por daños punitivos.
La compañía, una de las mayores operadoras de parques temáticos del mundo, ha respondido con un comunicado oficial en el que asegura que "la seguridad de nuestros huéspedes es nuestra prioridad absoluta" y que las atracciones cumplen con los estándares de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. (CPSC). Sin embargo, documentos internos filtrados durante el descubrimiento de pruebas sugieren que los ingenieros de Six Flags detectaron picos de aceleración de hasta 5,2 G en el tramo de inversión de la vía, un nivel que, según la Asociación Americana de Neurología, puede provocar microtraumatismos cerebrales en personas con predisposición genética.
**Por qué importa**
Este caso trasciende el ámbito del entretenimiento. En un mercado donde la seguridad es un activo de marca, la respuesta de las aseguradoras será decisiva. El coste de las primas para parques de atracciones en California ha aumentado un 23% en el último año, y una sentencia adversa a Six Flags podría elevar ese porcentaje de forma exponencial. Para el consumidor, la pregunta incómoda es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a asumir riesgos por una descarga de adrenalina? Y para los reguladores, el desafío es diseñar estándares que no ahoguen la innovación ni la libertad de empresas, pero que tampoco dejen a los ciudadanos desprotegidos ante prácticas comerciales negligentes.
**Análisis FORTIS**
En FORTIS creemos en el libre mercado, pero la libertad de empresa no es una licencia para ocultar información vital sobre los riesgos de un producto. Si los informes internos demuestran que la dirección de Six Flags conocía los riesgos neurológicos y no los comunicó, estamos ante un fallo de transparencia que merece sanción. No obstante, también hay que señalar que la judicialización excesiva en EE.UU. genera un efecto perverso: los costes legales se trasladan al precio de las entradas, y los pequeños operadores de parques regionales podrían verse obligados a cerrar, reduciendo la oferta y la competencia. El problema no radica en el sistema judicial, sino en la ausencia de una cultura corporativa de seguridad proactiva. Un mercado sano exige que las empresas internalicen los costes de sus fallos, no que los externalicen a los contribuyentes a través de subsidios o rescates.
**Contrapunto**
Los críticos de la demanda señalan que los visitantes firman un consentimiento informado donde se enumeran los riesgos físicos, incluidas las lesiones en la cabeza, antes de acceder a la atracción. Además, la CPSC no ha emitido ninguna alerta oficial que cuestione la seguridad de West Coast Racers, y la empresa asegura que ha superado todas las inspecciones estatales desde su inauguración en 2019. Los abogados defensores argumentan que las lesiones pueden estar relacionadas con condiciones médicas preexistentes no declaradas por los demandantes, un dato que no aparece en el escrito inicial.