Por Renan Filho · 2026-09-24La Guardia Civil ha detenido a un varón de 42 años acusado de secuestrar a su expareja durante tres días en un camión, en un trayecto que comenzó en Motril, Granada, y terminó en Getafe, Madrid. La víctima, una mujer de 38 años, fue localizada con vida en la madrugada del pasado miércoles tras un dispositivo de búsqueda coordinado entre la Benemérita y la Policía Local de Getafe. Según fuentes de la investigación, el hombre la abordó cuando ella salía de su domicilio en Motril, la introdujo por la fuerza en el vehículo pesado y la mantuvo incomunicada durante 72 horas, mientras circulaba por la A-4 y la A-44.
La mujer tenía en vigor una orden de alejamiento desde hacía seis meses, dictada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada tras una denuncia previa por amenazas y malos tratos. Sin embargo, como ocurre en tantos casos, la orden no fue suficiente para evitar el nuevo ataque. El agresor, que carecía de pulsera de control telemático —medida que el juez consideró innecesaria en su momento—, pudo localizar a la víctima y ejecutar el secuestro sin que ningún sistema de alerta saltara a tiempo.
La liberación se produjo gracias a la rápida activación del protocolo de búsqueda por parte de la familia de la víctima, que notificó su desaparición a las 24 horas del secuestro. La Guardia Civil localizó el camión mediante el rastreo de las cámaras de peaje de la autopista y la geolocalización del teléfono móvil del detenido, que este no había apagado. Cuando los agentes interceptaron el vehículo en una gasolinera de Getafe, la mujer presentaba signos de violencia física y deshidratación, siendo trasladada de urgencia a un hospital de la localidad.
Por qué importa: este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema de protección que promete mucho y cumple poco. En España, más de 40.000 mujeres tienen órdenes de protección activas, pero solo un 30% de los agresores cuenta con dispositivos de seguimiento telemático. La burocracia judicial, la falta de recursos materiales y la priorización de medidas simbólicas sobre las efectivas convierten la seguridad de las víctimas en un juego de azar.
Análisis FORTIS: el Estado, al gastar ingentes cantidades de dinero público en campañas de concienciación y subvenciones a organizaciones que a menudo actúan con criterios ideológicos más que operativos, descuida lo esencial: la vigilancia real de los agresores. Mientras los juzgados acumulan expedientes y las pulseras telemáticas escasean por falta de inversión en tecnología y personal, las víctimas quedan desprotegidas. El discurso oficial se llena de promesas de endurecimiento penal, pero la realidad es que los recursos no llegan a quienes más los necesitan.
Contrapunto: desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por la ministra Ana Redondo, se ha defendido que el sistema de protección ha mejorado en los últimos años, con un aumento del 15% en la implantación de pulseras telemáticas desde 2020. Sin embargo, estos datos globales no ocultan que el 70% de los agresores con órdenes de alejamiento aún no están geolocalizados. El coste de instalar y mantener un dispositivo de este tipo ronda los 1.200 euros anuales por agresor, una cifra que, comparada con el gasto en publicidad institucional contra la violencia de género —que supera los 20 millones de euros anuales—, resulta irrisoria.
El detenido, que pasará a disposición judicial en las próximas horas, se enfrenta a penas de hasta 15 años de prisión por los delitos de secuestro, detención ilegal, quebrantamiento de condena y violencia de género. No obstante, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas mujeres más deberán sufrir secuestros o agresiones antes de que el Estado decida gastar mejor el dinero de los contribuyentes? La libertad individual y la seguridad de las víctimas no pueden depender de la buena voluntad de un juez que, por falta de medios, decide no imponer medidas de control.