Por Renan Filho · 2026-09-24El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha vuelto a eludir cualquier autocrítica en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En lugar de reconocer los fallos en la gestión de la frontera de Ceuta —la ciudad autónoma que se ha convertido en el símbolo de la presión migratoria irregular—, ha preferido cargar toda la responsabilidad sobre las mafias de tráfico de personas y sobre la falta de una política común europea. Así, ha proclamado que España saldrá 'más fuerte' de esta situación, sin aportar datos concretos que avalen esa afirmación.
La crisis de Ceuta no es nueva. En mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron masivamente en la ciudad tras permitirlo Marruecos, un episodio que puso en evidencia la fragilidad de la frontera y la debilidad del Estado para hacer valer su soberanía. Desde entonces, el Gobierno de coalición no ha abordado reformas estructurales para reforzar los puntos de entrada, sino que se ha limitado a medidas paliativas y a discursos de solidaridad internacional que chocan con la realidad de una ciudad que soporta el 80% de las llegadas irregulares por vía terrestre a la península.
Ayer, ante la ONU, Sánchez insistió en que su gobierno no ha cometido errores, sino que 'las políticas migratorias no pueden basarse en la criminalización de los migrantes'. Una postura que, si bien refleja una sensibilidad humanitaria, ignora los datos: el coste de acogida y mantenimiento de los migrantes que llegan de forma irregular ha aumentado un 12% en el último año, según las partidas presupuestarias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, la tasa de ocupación de los Centros de Acogida de Emergencia (CAR) supera el 140%, lo que evidencia la saturación de un sistema que el Gobierno no ha ampliado en proporción al flujo real.
Por qué importa: la cuestión de Ceuta no es un asunto menor ni un problema periférico. Está directamente vinculada a la soberanía nacional, a la seguridad de las fronteras exteriores europeas y a la sostenibilidad del Estado del bienestar. Cada llegada irregular implica gasto en sanidad, educación, vivienda y prestaciones sociales, sin que exista un plan claro de integración laboral que responda a las necesidades del mercado de trabajo español. La estrategia de Sánchez, basada en acuerdos informales con Rabat y en la promesa de una cooperación que nunca se materializa en devoluciones efectivas, ha debilitado la posición negociadora de España ante Marruecos.
Análisis FORTIS: desde una perspectiva liberal-conservadora, la proclamación de que España saldrá más fuerte es un ejemplo de pensamiento mágico que no se sostiene con los hechos. La fortaleza de un país no se mide por su capacidad de resistir la presión migratoria mediante la retórica, sino por su aptitud para controlar sus fronteras, defender su soberanía y garantizar la prosperidad de sus ciudadanos. El Gobierno de Sánchez ha subordinado esas prioridades a una agenda ideológica que presupone que la inmigración irregular es una oportunidad demográfica, cuando los datos oficiales muestran que el 47% de los migrantes en situación irregular no está integrado en el mercado laboral y que la mayoría se concentra en empleos precarios del sector agrícola y doméstico, sin cotizar a la seguridad social.
No obstante, hay que ser honestos también con los argumentos del Ejecutivo. Sánchez sostiene que las llegadas a Ceuta han disminuido un 25% en lo que va de año en comparación con el mismo periodo del anterior, lo que atribuye a la cooperación con Marruecos. Las cifras del Ministerio del Interior corroboran esa tendencia, aunque los episodios de asalto a las vallas siguen produciéndose con violencia periódica. El contrapunto es que esta reducción no se debe a una mejora estructural, sino al mero pago de compensaciones a Rabat por parte de la UE, como ha denunciado la Comisión Europea en informes internos que señalan la compra de silencio migratorio. Una estrategia costosa y de corto plazo que no resuelve la presión de fondo.
En definitiva, la comparecencia del presidente en la ONU ha sido una oportunidad perdida para admitir errores y plantear una política migratoria realista, basada en la legalidad, la capacidad de acogida y el respeto a la soberanía. En lugar de eso, Sánchez ha preferido el aplauso ficticio de una asamblea que celebra discursos vacíos mientras escucha las proclamas de quienes, como él, prefieren no ver los problemas de sus países cuando están delante de sus narices.