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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto ley que incorpora «propuestas» de sus socios parlamentarios de investidura, pese a que Junts per Catalunya ya ha anunciado su voto en contra. La decisión supone un pulso directo con el partido de Carles Puigdemont, que exige la aplicación de medidas vinculadas a la amnistía y al traspaso de competencias antes de dar su apoyo a cualquier iniciativa legislativa.
**Contexto**
La relación entre el Ejecutivo y Junts atraviesa su momento más tenso desde la investidura de Sánchez en noviembre de 2023. El partido independentista ha votado en contra de varios decretos en las últimas semanas, incluyendo el que contenía la senda de estabilidad presupuestaria y ayudas sociales. En esta ocasión, el decreto que se someterá a votación incluye medidas en materia de vivienda, alquiler social, reforma del subsidio por desempleo y actualización de las pensiones, que han sido negociadas con ERC, Bildu y el PNV. Estas formaciones consideran los puntos como avances en la agenda social, mientras que Junts los califica de insuficientes y exige que el Gobierno cumpla «lo pactado» en Ginebra con la mediación internacional.
El presidente Sánchez ha afirmado en una comparecencia desde la Moncloa que «no podemos paralizar el país por el veto de un solo grupo» y que «el decreto recoge el trabajo de meses con todos los socios que han demostrado voluntad de acuerdo». Fuentes del Ejecutivo indican que la convalidación en el Congreso requerirá los votos favorables de ERC, Bildu, PNV y otros grupos minoritarios, una aritmética que actualmente suma 171 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. La abstención de Junts podría permitir su aprobación, pero el partido de Puigdemont ha adelantado que votará «no» y que «no aceptará más desprecios».
**Análisis**
El pulso con Junts no es solo una cuestión de aritmética parlamentaria. Representa la primera crisis seria de la legislatura en la que Sánchez apuesta por gobernar sin el apoyo del partido que fue clave para su investidura. Aunque el decreto podría salir adelante con el respaldo de los socios tradicionales y la abstención de algunos diputados de Junts reacios a una ruptura total, la erosión de la confianza entre ambas formaciones es profunda. El ala más dura de Junts, liderada por Laura Borràs, presiona para romper el bloque de investidura y forzar una repetición electoral que, según las encuestas, beneficiaría al PP y a Vox.
Desde una perspectiva de gobernabilidad, Sánchez busca demostrar que el Ejecutivo puede legislar sin depender de un único socio, apelando a la responsabilidad de los partidos que comparten su visión social. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de los Presupuestos Generales del Estado –que requieren el voto favorable de Junts– se agrava. Las fuentes del Ministerio de Hacienda ya admiten que la tramitación presupuestaria podría retrasarse hasta 2025 si no se alcanza un acuerdo global. El decreto de mañana, por tanto, es una prueba de fuerza que definirá la relación del Gobierno con el independentismo catalán en los próximos meses.
**Fontes**
- Presidencia del Gobierno: comparecencia de Pedro Sánchez del 28 de septiembre de 2026. - Congreso de los Diputados: registros de votaciones previas y grupos parlamentarios. - Oficina de Prensa de Junts per Catalunya: comunicado de rechazo al decreto. - Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: contenido del borrador del real decreto ley filtrado a medios.
Por Renan Filho · 2026-09-28