Por Renan Filho · 2026-09-22El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno español, es una institución centenaria que debería servir como faro de sabiduría jurídica y técnica. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en un refugio dorado para ex altos cargos políticos y juristas de élite que, una vez alcanzado el sillón de consejero permanente, lo ocupan de por vida con un paquete de retribuciones que haría palidecer a cualquier directivo del IBEX 35.
Según consta en los Presupuestos Generales del Estado para 2024, cada consejero permanente percibe una retribución bruta anual de 86.000 euros aproximadamente. Pero eso es solo la punta del iceberg. A esa cifra hay que sumarle el derecho a coche oficial con conductor, un despacho propio en la sede del Consejo —en el Palacio de la Alameda de Osuna, en Madrid— y personal de apoyo administrativo asignado. El coste total estimado por consejero, sumando gastos de personal auxiliar, mantenimiento del vehículo, combustible y seguridad, supera los 150.000 euros anuales.
Actualmente hay 12 consejeros permanentes. El coste total para el erario público ronda los 1,8 millones de euros al año solo en retribuciones directas. Si se añaden los costes operativos, la factura se dispara por encima de los 2,5 millones anuales. Todo ello mientras el Gobierno central mantiene congeladas las ayudas a la dependencia y recorta inversiones en infraestructuras básicas.
El sistema de acceso es igualmente opaco. No existe un concurso público ni una evaluación objetiva de méritos. Los consejeros permanentes son nombrados directamente por el Gobierno entre personas de «reconocido prestigio», una categoría tan difusa como discrecional. En la práctica, casi todos los nombramientos recientes corresponden a ex ministros, ex presidentes autonómicos o ex altos cargos de la administración. La politización del órgano es evidente: de los 12 actuales, 8 provienen del PSOE o de partidos afines, según datos recogidos por el diario El Mundo en enero de 2024.
**Por qué importa**
El problema no es que exista un órgano consultivo de alto nivel. El problema es que su estructura vitalicia y privilegiada está diseñada para perpetuar una élite política y burocrática que no rinde cuentas al contribuyente, que no se somete a evaluación de resultados y que genera un gasto creciente sin que exista un mecanismo de control de calidad de sus dictámenes. El Consejo de Estado emite unos 350 informes al año. Muchos de ellos son preceptivos pero no vinculantes: el Gobierno los pide para cubrir el expediente y luego hace lo que le viene en gana. ¿Para qué mantener entonces una estructura tan cara?.
**Análisis FORTIS**
Desde una óptica liberal y de racionalización del gasto público, la solución es obvia: primero, eliminar la condición de permanencia. No hay razón para que un puesto de alta responsabilidad en el sector público sea vitalicio. Segundo, externalizar la función consultiva: el Estado puede contratar a bufetes de abogados, consultoras o universidades para informes técnicos específicos, pagando solo por servicio prestado y con competencia abierta. Tercero, reducir drásticamente las retribuciones. Un sueldo de 86.000 euros más complementos no se justifica para una labor que, en muchos casos, se limita a ratificar borradores preparados por los funcionarios de carrera del propio Consejo.
La comparación internacional es demoledora. El Consejo de Estado francés, mucho más activo en número de dictámenes, tiene consejeros que cobran unos 60.000 euros anuales de media y no disponen de coche oficial con chófer. En Alemania, el equivalente —el Tribunal Federal de Cuentas y los órganos consultivos del Bundesrat— trabajan con dietas por sesión y sin despacho permanente. España es una anomalía en el contexto europeo: mantiene una estructura señorial que recuerda más al antiguo régimen que a una administración moderna y eficiente.
**Contrapunto**
Defensores del Consejo de Estado argumentan que la permanencia garantiza la independencia de criterio y evita que los consejeros estén sujetos a presiones políticas coyunturales. También señalan que la mayoría de sus informes son de alta calidad técnica y que el coste por dictamen es asumible: unos 5.000 euros por informe, muy por debajo de lo que cobraría un despacho privado. Sin embargo, estos argumentos no resisten un análisis riguroso: si la permanencia garantizara independencia, los gobiernos de turno no nombrarían a ex cargos de su propio partido. Y si el coste por informe es bajo, ¿por qué no reducirlo aún más eliminando privilegios colaterales como el coche oficial o el despacho individual para consejeros que apenas asisten dos días a la semana?.
**1. ¿Se puede eliminar el Consejo de Estado por ley?**
Sí, pero no es sencillo. El Consejo de Estado está previsto en la Constitución Española (artículo 107), que dice literalmente que «el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno». Para eliminarlo haría falta una reforma constitucional, que requeriría mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado y, probablemente, un referéndum. Sin embargo, se puede reformar profundamente su estructura y funcionamiento mediante ley orgánica, eliminando la permanencia de los consejeros y reduciendo sus retribuciones y privilegios. Varios grupos parlamentarios han presentado proposiciones de ley en ese sentido en los últimos años, pero ninguna ha prosperado por falta de consenso.
**2. ¿Cuántos consejeros hay y cómo se nombran?**
Actualmente hay 12 consejeros permanentes y un número variable de consejeros natos (expresidentes del Gobierno, ex presidentes del Tribunal Constitucional, etc.) que participan cuando se les requiere. Los permanentes son nombrados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno, entre personas de «reconocido prestigio» en los ámbitos jurídico, político o administrativo. No hay un proceso de selección público ni se exige una experiencia mínima verificable más allá del criterio discrecional del Ejecutivo. En la práctica, todos los nombramientos desde 2018 han sido de personas con vinculación directa al PSOE o a partidos de la coalición de Gobierno.