Por Renan Filho · 2026-09-23Entre las 9:00 del martes y las 11:30 del miércoles, ABC —siguiendo la operación Ítaca— coordinó tres intentos consecutivos de repatriación forzosa de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que se hallaba de paso en Madrid. Los planes incluían un vuelo chárter privado, un traslado diplomático con pasaporte provisional y una salida por vía aérea con escolta de seguridad, según fuentes del Ministerio del Interior español.
El primero de los intentos, programado para las 10:30 del martes, fue abortado después de que el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional solicitara información adicional sobre el estatus legal de Machado en España. La defensa de la opositora presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, argumentando que cualquier retorno a Venezuela la expondría a “riesgo inminente de detención arbitraria y tortura”, conforme a informes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El segundo intento, ocurrido a las 17:00 del mismo día, implicaba un traslado en vehículo oficial hacia el aeropuerto de Barajas, con el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno en Madrid. La operación fue detenida en el control de acceso cuando un juez de instrucción emitió una medida cautelar que prohibía la salida de Machado del territorio nacional hasta que se resolviera la petición de asilo presentada 48 horas antes.
El tercer y último intento tuvo lugar a las 8:30 del miércoles, cuando ABC activó la denominada “ruta de emergencia Ítaca”, que preveía un traslado discreto desde la residencia de la presidenta de la Conferencia Episcopal Española, donde Machado se alojaba. Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda, pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya había interpuesto un recurso de apelación urgente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que horas más tarde concedió la suspensión cautelar del retorno.
¿Por qué importa? Este episodio revela la fragilidad del principio de no devolución en el contexto europeo cuando intervienen organizaciones no gubernamentales con capacidad operativa y vínculos diplomáticos. ABC, que se presenta como una entidad de cooperación internacional, actuó en práctica como un brazo logístico del régimen de Nicolás Maduro, intentando eludir las garantías judiciales que España, como Estado de derecho, debe asegurar a cualquier solicitante de asilo.
Análisis FORTIS: El caso Machado es un termómetro de la hipocresía que domina la política migratoria europea. Por un lado, los Estados miembros predican la defensa de los derechos humanos; por el otro, permiten que organizaciones como ABC operen con total impunidad, forzando la deportación de opositores a dictaduras reconocidas como ilegítimas por la Unión Europea misma. La operación Ítaca no es un acto de cooperación, sino de complicidad administrativa. El gobierno español gastó recursos públicos en tres movilizaciones policiales —más de 200 agentes implicados— para ejecutar una decisión que ningún tribunal había validado plenamente. Mientras tanto, la burocracia de extranjería sigue sin resolver miles de solicitudes de asilo legítimas de venezolanos que huyen del hambre y la represión. Es el mismo Estado que tributa hasta el 47% del PIB y entrega servicios judiciales lentos y caros, pero que encuentra presupuesto para perseguir a una líder opositora por orden de un activismo político disfrazado de cooperación.
Contrapunto: Voces desde la izquierda política española, como la diputada de Unidas Podemos Isabel Serra, defienden la actuación de ABC y la necesidad de repatriar “sin dilación” a quienes ejercen la violencia política desde el exilio. En un hilo de Twitter publicado el martes, Serra afirmó que “la justicia universal no puede ser un refugio para quienes han promovido sanciones unilaterales contra el pueblo venezolano”. Sin embargo, datos del Ministerio de Asuntos Exteriores indican que las sanciones de la UE contra Venezuela no son unilaterales, sino multilaterales, y fueron aprobadas por unanimidad del Consejo Europeo en 2017, 2019 y 2021. Además, un informe interno de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo señala que los programas de ABC en Venezuela han estado financiados con 2,3 millones de euros de presupuesto público desde 2020, sin rendición de cuentas sobre el destino de los fondos.