El Gobierno amplía a 68 las ciudades con Zonas de Bajas Emisiones: un nuevo cerco al vehículo privado

El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en su estrategia de descarbonización del transporte urbano. Según la actualización del anexo de la Ley de Cambio Climático publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, 68 ciudades deberán contar con Zonas de Bajas Emisiones antes del 1 de enero de 2027, frente a las 45 que estaban inicialmente previstas. La decisión afecta a municipios de más de 50.000 habitantes y a aquellos con alta densidad de población, incluyendo capitales de provincia y áreas metropolitanas como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga y Murcia, además de nuevas incorporaciones como Alcalá de Henares, Getafe, San Cristóbal de La Laguna o Elche.

El Ministerio para la Transición Ecológica justifica la ampliación en la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ fijados por la Unión Europea para 2030. En un comunicado oficial, la ministra Teresa Ribera afirmó que “las ZBE son una herramienta eficaz para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos”. Sin embargo, los datos oficiales de la propia Dirección General de Tráfico indican que los vehículos sin etiqueta —los más restringidos— representan apenas el 18% del parque automovilístico nacional, pero son responsables del 40% de las emisiones de NOx en zonas urbanas. La medida, por tanto, apunta a un segmento concreto, pero sus efectos colaterales alcanzan a millones de conductores.

**Por qué importa**

La ampliación de las ZBE no es una simple cuestión ambiental; es un cambio profundo en la movilidad y en la economía de miles de familias y pequeños negocios. En ciudades como Madrid, donde la ZBE Distrito Centro ya opera desde 2018, los comercios han denunciado caídas de facturación de hasta el 30% en las zonas restringidas, según un estudio de la asociación Madrid Centro. Los transportistas, por su parte, advierten que las restricciones incrementan los costes logísticos, ya que deben renovar flotas o pagar tasas de acceso. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha señalado en un comunicado que “la medida es un nuevo impuesto encubierto al transporte de mercancías, que se trasladará inevitablemente al precio final de los productos”.

**Análisis FORTIS**

Desde una perspectiva liberal-conservadora, esta ampliación representa un caso clásico de sobrerregulación estatal que ignora los costes reales para la sociedad. El Gobierno impone una restricción uniforme sin considerar las diferencias locales: una ciudad como Toledo, con un casco histórico medieval, no tiene las mismas necesidades de movilidad que una urbe moderna como Barcelona. Además, la medida fomenta la sustitución del parque automovilístico, pero no ofrece incentivos fiscales suficientes para que las familias de rentas medias y bajas puedan acceder a vehículos eléctricos o híbridos. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el precio medio de un coche eléctrico en España supera los 35.000 euros, frente a los 18.000 euros de un modelo de combustión. La brecha es insalvable para la mayoría de los hogares.

El problema de fondo no es la calidad del aire, sino la forma en que se aborda. El Estado gasta mal, tributa demasiado y entrega poco. Las ZBE son una medida punitiva que castiga al ciudadano de a pie mientras exonera a grandes corporaciones y al propio sector público, cuyas flotas de vehículos oficiales —muchas sin etiqueta ambiental— siguen circulando libremente. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento ha eximido a los vehículos de la Policía Municipal y de los servicios de emergencia, pero también a los coches de los concejales y altos cargos. La hipocresía es evidente.

**Contrapunto**

No obstante, los defensores de las ZBE aportan datos que merecen ser considerados. Un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estima que la contaminación atmosférica causa más de 30.000 muertes prematuras al año en España, y que las ZBE podrían reducir hasta un 25% los niveles de NO₂ en las ciudades que las implantan de forma integral. Además, la Ley de Cambio Climático establece que los ayuntamientos deben destinar al menos el 50% de los ingresos por multas y tasas a mejoras en transporte público y movilidad sostenible. En teoría, el dinero vuelve al ciudadano en forma de autobuses eléctricos o carriles bici. En la práctica, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), apenas un 30% de los ayuntamientos ha cumplido con esa reinversión en 2025.

La cuestión, por tanto, no es si debemos reducir emisiones —la evidencia científica es abrumadora—, sino cómo hacerlo sin asfixiar a la economía y sin crear una casta de privilegiados que sortean las normas. Un enfoque liberal-conservador propondría eliminar los subsidios a los vehículos contaminantes, reducir drásticamente el IVA de los coches eléctricos y, sobre todo, descentralizar las decisiones: que cada municipio diseñe su ZBE en función de sus necesidades y con rendición de cuentas a sus ciudadanos, no por imposición de Madrid o Bruselas.

**P: ¿Qué ciudades están incluidas en la nueva lista de 68?** R: La lista completa se publicó en el BOE de este miércoles. Incluye todas las capitales de provincia, ciudades de más de 50.000 habitantes como Alcalá de Henares, Getafe, San Cristóbal de La Laguna, Elche, y también localidades de alta densidad como Hospitalet de Llobregat o Móstoles. El Ministerio asegura que la selección se basó en los niveles de contaminación registrados en 2024, aunque varios ayuntamientos, como el de Elche, han recurrido la inclusión alegando falta de datos actualizados.

**P: ¿Cuándo empezarán a multar en estas nuevas ZBE?** R: La ley exige que las ZBE estén operativas antes del 1 de enero de 2027. No obstante, los ayuntamientos pueden establecer moratorias de hasta seis meses para vehículos empadronados en el municipio. En ciudades como Madrid, las multas por circular sin autorización en la ZBE ascienden a 200 euros, mientras que en Barcelona pueden llegar a 500 euros en caso de reincidencia. Los transportistas con vehículos profesionales tienen plazos más largos, hasta 2028, según el Real Decreto 1052/2022.