Por Renan Filho · 2026-09-24Apenas a semanas de que Madrid acoja la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, fuentes gubernamentales confirmaron a EFE que Moncloa trabaja en una solución jurídica ad hoc para que la número dos del chavismo, Delcy Rodríguez, pueda pisar suelo español sin ser detenida. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela se encuentra bajo órdenes de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, además de estar incluida en la lista de sancionados de la Unión Europea desde 2017.
El pasado 10 de septiembre, una nota interna del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que tuvo acceso El Confidencial, reconocía que la presencia de Rodríguez "genera un conflicto jurídico sin precedentes" y que "la solución pasa por una declaración de oficio del Tribunal Supremo que suspenda temporalmente la aplicación del Estatuto de Roma". Para FORTIS, este movimiento no es más que la enésima muestra de cómo el sanchismo antepone sus intereses geopolíticos y su afinidad ideológica con regímenes autoritarios al cumplimiento del derecho internacional.
El contexto es revelador. Delcy Rodríguez fue la protagonista del escándalo del aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la recibió en la pista en plena madrugada para saltarse la prohibición de entrada a sancionados de la UE. Aquel episodio, que costó una querella de Vox y llevó al Tribunal Supremo a abrir diligencias contra Ábalos, quedó archivado sin responsabilidades políticas. Hoy, Moncloa pretende ir más allá: busca un blindaje legal permanente para que Rodríguez pueda participar en la cumbre sin riesgo de ser detenida por la CPI.
¿Por qué importa esta concesión? Porque coloca a España en una posición de vulnerabilidad jurídica y moral frente a sus socios europeos. Mientras la Comisión Europea exige a Hungría que cumpla la orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si pisa su territorio, el Gobierno español prepara la alfombra roja para una dirigente señalada por la Fiscalía de la CPI por asesinato, tortura y desapariciones forzadas. La doble vara de medir es tan evidente que hasta la oposición moderada, como el Partido Popular, ha exigido explicaciones en el Congreso.
Análisis FORTIS: La estrategia de Moncloa no es jurídica, es ideológica. Sánchez necesita la cumbre para escenificar una unidad iberoamericana que en la práctica no existe. El chavismo controla tres de las delegaciones asistentes (Venezuela, Cuba, Nicaragua) y su ausencia convertiría el encuentro en un fracaso diplomático. Para evitarlo, la Moncloa está dispuesta a pisotear el Estatuto de Roma, el mismo tratado que España firmó en 1998 y que obliga a sus tribunales a cooperar con la CPI. De hecho, el artículo 89 del Estatuto es taxativo: los Estados parte deben detener y entregar a cualquier persona reclamada por la Corte, sin necesidad de orden judicial previa. La solución que trama el Ejecutivo —una suspensión temporal de dicho artículo vía declaración del Tribunal Supremo— es jurídicamente inviable, ya que el Supremo no tiene competencia para derogar acuerdos internacionales. Solo el Consejo de Seguridad de la ONU podría suspender la aplicación del Estatuto, y solo bajo el artículo 16 del mismo, algo que no se ha solicitado ni se solicitará.
Contrapunto necesario: Voces dentro del propio PSOE defienden la asistencia de Rodríguez argumentando que "no se puede aislar a Venezuela" y que "la cooperación iberoamericana requiere el diálogo con todos los actores". Lo cierto es que, según datos del Observatorio Venezolano de Violaciones de Derechos Humanos, más de 300 personas siguen detenidas arbitrariamente en el régimen de Maduro, 77 de ellas menores de edad. Sentar a Delcy Rodríguez en la misma mesa que los presidentes democráticos de Uruguay, Chile o Costa Rica no es diálogo: es legitimar la represión.
Los datos oficiales tampoco acompañan. El INE español registró en 2024 la llegada de 6.244 venezolanos solicitantes de asilo, un 40% más que el año anterior. Todos ellos huyen del mismo régimen que Moncloa pretende abrazar en la cumbre. La contradicción no podría ser más sangrante: mientras el Estado español financia programas de acogida para refugiados venezolanos, su presidente negocia la inmunidad de sus perseguidores.