Por Renan Filho · 2026-09-23«De Marruecos no te puedes fiar; te dice vale y cuando te das la vuelta, tururú». La frase, atribuida por varios diputados a conversaciones informales en la Comisión de Exteriores del Congreso, ha saltado del ámbito privado al debate público después de que el periodista Fernando Ónega la reprodujese en su columna de El Mundo. No es una exageración: es la crónica de una relación bilateral marcada por promesas incumplidas, chantajes migratorios y un pulso geopolítico constante que España paga con dinero de los contribuyentes.
El último episodio se produjo en septiembre de 2024, cuando Marruecos autorizó la salida de más de 3.000 inmigrantes irregulares hacia las costas de Ceuta y Melilla en apenas 72 horas, justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurase en Bruselas que «la cooperación con Marruecos es ejemplar». La Guardia Civil tuvo que desplegar refuerzos de emergencia, y el coste operativo superó los 2,5 millones de euros, según datos del Ministerio del Interior. La respuesta de Rabat fue un silencio administrativo y un comunicado lacónico: «Marruecos cumple con sus compromisos en la medida de lo posible». Traducción: cuando le interesa.
El patrón se repite desde 2021, cuando Sánchez dio un giro radical a la política exterior española al reconocer el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «la base más seria y realista» para resolver el conflicto. A cambio, Rabat prometió controlar los flujos migratorios y no permitir incidentes en las fronteras. Dos años después, las llegadas a Canarias se dispararon un 51% en 2023, alcanzando las 39.910 personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Más de 4.000 migrantes murieron en la ruta atlántica en ese mismo periodo. El «vale» de Marruecos se convirtió en «tururú» en cuanto las cámaras se apagaron.
Por qué importa: España no puede permitirse una política exterior basada en la confianza personal o en gestos diplomáticos sin contrapartidas verificables. Marruecos es un socio comercial relevante —las exportaciones españolas al país magrebí superaron los 11.000 millones de euros en 2023, según el ICEX—, pero también un competidor directo en sectores como la agricultura, la pesca y la energía. La inestabilidad en la frontera sur no solo tiene un coste humano y económico, sino que debilita la posición de España en la UE y alimenta el discurso de la extrema derecha, que utiliza estos episodios para justificar políticas migratorias aún más restrictivas.
Análisis FORTIS: La relación con Marruecos es un ejemplo perfecto de cómo el intervencionismo estatal y la falta de transparencia en la política exterior generan costes ocultos para los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez ha priorizado un relato de «éxito diplomático» sin exigir resultados mensurables. Mientras tanto, Rabat utiliza la inmigración como arma de presión, tal como hizo Turquía con la Unión Europea en 2015. La diferencia es que España paga el pato sin tener la capacidad de disuasión que sí tiene Bruselas. La solución no pasa por más acuerdos vagos ni por subvenciones a la cooperación policial marroquí —que ya ascienden a 30 millones de euros anuales—, sino por una política de hechos: condicionar cualquier ayuda económica a la reducción efectiva de llegadas, abrir una investigación parlamentaria sobre los incumplimientos del acuerdo de 2021 y, sobre todo, dejar de engañar a los españoles con que «Marruecos es un socio fiable».
Contrapunto: Voces del PSOE y de parte de la diplomacia española defienden que la relación con Marruecos es «estratégica e insustituible». Señalan que, sin la cooperación marroquí, las cifras de inmigración irregular serían mucho peores, y que Rabat ha interceptado a más de 45.000 personas en sus costas en 2024. También recuerdan que Marruecos es un socio clave en la lucha antiterrorista y en el control de las fronteras del Sahel. Sin embargo, estos argumentos no responden a la pregunta central: ¿por qué España debe pagar con concesiones políticas —como el giro en el Sáhara— sin obtener garantías firmes de cumplimiento? La asimetría de la relación es evidente: mientras Marruecos juega al póker, España sigue apostando a la ruleta.