Por Renan Filho · 2026-09-23La frase «Estamos al mando de Venezuela» no es un eslogan de campaña de Nicolás Maduro, sino la síntesis de la nueva estrategia de la administración estadounidense para la crisis venezolana. En declaraciones a la prensa internacional, altos funcionarios del Departamento de Estado han insistido en que Washington «coordina» los pasos hacia una transición democrática, mientras la líder opositora María Corina Machado permanece en el exilio, sin fecha de retorno y con una orden de captura vigente.
La realidad, sin embargo, desmiente el optimismo de la Casa Blanca. Según documentos filtrados por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, el régimen de Maduro ha intensificado la persecución judicial contra los colaboradores de Machado, incluyendo a al menos 14 dirigentes de Vente Venezuela que enfrentan cargos por «traición a la patria». Mientras tanto, la comunidad internacional observa con escepticismo las promesas de «elecciones libres» para 2027, un calendario que el propio chavismo ha calificado de «imposición extranjera».
El contexto geopolítico es complejo. Desde la firma del acuerdo de Barbados en octubre de 2023, Estados Unidos ha alternado sanciones, diálogos secretos y amenazas militares, sin lograr un avance tangible. La última maniobra, según informes de inteligencia citados por el medio digital The Venezuelan Post, incluye un plan para «facilitar» el regreso de Machado mediante un corredor humanitario desde Colombia, coordinado con la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, fuentes cercanas a la oposición venezolana, en conversación con la agencia Reuters, desmienten la existencia de tal plan: «No hay nada concreto, solo declaraciones vacías para consumo interno».
Por qué importa: la credibilidad de Estados Unidos como garante de la democracia en América Latina está en juego. Si la administración Biden (y su posible sucesora, sea cual sea el resultado de las elecciones de noviembre) no logra traducir su retórica en hechos, el régimen de Maduro saldrá fortalecido, y con él, la narrativa de que «el imperialismo yanqui» es el único obstáculo para la paz. Mientras tanto, los venezolanos siguen sufriendo la peor crisis humanitaria del hemisferio, con más de 7,7 millones de refugiados, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Análisis FORTIS: la estrategia de Washington es un reflejo del intervencionismo fallido que caracteriza a la política exterior estadounidense en la región desde hace décadas. En lugar de apoyar una solución liderada por los propios venezolanos, con un claro respaldo a la sociedad civil y a los partidos de oposición, la Casa Blanca prefiere mantener un control paternalista que solo beneficia a Maduro. Al afirmar «estamos al mando», Estados Unidos asume una responsabilidad que no le corresponde, y al hacerlo, deslegitima a los verdaderos actores del cambio. La libertad no se impone desde fuera; se conquista desde dentro, con instituciones sólidas y un Estado de derecho que el chavismo ha destruido sistemáticamente.
Contrapunto: no todo es crítica. Es cierto que la presión internacional, incluidas las sanciones económicas, ha limitado la capacidad de Maduro para financiar su maquinaria represiva. Según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación anual se redujo del 1.700% en 2020 al 54% en 2024, en parte gracias a la dolarización informal y a la flexibilización de las sanciones en el sector petrolero. Pero este alivio no se ha traducido en libertad política. Al contrario, el régimen ha utilizado la tregua económica para consolidar su control sobre el aparato militar y judicial, tal como lo documenta el informe anual de Human Rights Watch publicado en enero de 2025. La pregunta es si Washington está dispuesto a aceptar que su «liderazgo» no es sinónimo de eficacia, y si la oposición venezolana está preparada para tomar las riendas de su propio destino, sin tutelas externas.