Por Renan Filho · 2026-10-23
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Solo 91 de los 31.390 expedientes revisados hasta ahora en el marco de la conocida como 'ley de nietos' han sido aprobados, según datos oficiales del Ministerio de Justicia. La legislación, que permite a descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad, arroja una tasa de éxito extraordinariamente baja —apenas un 0,29%— que ha encendido las alarmas tanto en colectivos de la diáspora como en círculos económicos que esperaban un impulso demográfico y laboral.
**Contexto**
La llamada 'ley de nietos' es en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022. Su objetivo es reparar el exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura franquista, concediendo la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a su ciudadanía entre 1936 y 1955. Desde su entrada en vigor, centenares de miles de personas en América Latina, Europa y otras regiones han presentado solicitudes, atraídas por la posibilidad de obtener un pasaporte de la Unión Europea.
El Ministerio de Justicia ha recibido hasta la fecha más de 310.000 solicitudes, de las cuales se han revisado 31.390. De ese total, solo 91 cumplían todos los requisitos documentales y legales. La mayoría de los expedientes rechazados o en pausa adolecen de falta de documentación original, errores en la acreditación del vínculo familiar o inconsistencias en los registros civiles extranjeros. El proceso requiere partidas de nacimiento, defunción y matrimonio de los ascendientes, certificados de exilio o de pérdida de nacionalidad, y su homologación ante el Ministerio de Justicia, un laberinto burocrático que muchos solicitantes no logran superar.
En países como Argentina, Cuba, México o Uruguay, donde reside la mayor parte de la diáspora española, las oficinas consulares han visto colapsar sus agendas. Las asociaciones de descendientes denuncian que la falta de medios humanos y digitales está estrangulando una ley que, en teoría, debía ser un acto de justicia histórica y, en la práctica, se ha convertido en un cuello de botella administrativo.
**Análisis**
El impacto económico de este atasco no es menor. Cada nuevo ciudadano español significa, a medio plazo, un potencial contribuyente a la Seguridad Social, un consumidor, un emprendedor o un remitente de remesas hacia sus países de origen. Estudios del Instituto de Estudios Fiscales estiman que la integración de 100.000 nuevos nacionales podría generar un incremento del PIB español de hasta 0,15 puntos porcentuales en cinco años, gracias al aumento de la fuerza laboral y al consumo. Con las cifras actuales, ese efecto es prácticamente inexistente.
Además, el coste administrativo de procesar cada expediente es elevado. Funcionarios del Ministerio de Justicia reconocen que la revisión manual de documentos, las traducciones oficiales y las comprobaciones en registros extranjeros consumen recursos que podrían destinarse a otras áreas. Si se mantiene el ritmo actual, se necesitarían décadas para despachar el millón de solicitudes estimadas, un escenario que desincentiva la inversión y la planificación migratoria.
Por otra parte, la baja tasa de aprobación genera incertidumbre entre los potenciales solicitantes. Familias enteras que han invertido tiempo y dinero en la recopilación de documentos se enfrentan a un muro burocrático que no solo frustra expectativas personales, sino que también frena flujos migratorios que podrían beneficiar a sectores como la hostelería, la construcción o los cuidados, donde España registra déficit de mano de obra. La ley, concebida como una herramienta de reparación, se está convirtiendo en un obstáculo para la movilidad de talento y capital humano.
**Fuentes**
- Ministerio de Justicia de España, datos oficiales sobre la tramitación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. - Instituto de Estudios Fiscales, informes sobre impacto económico de la inmigración y nacionalización. - Asociaciones de descendientes de exiliados españoles en Argentina y México, testimonios recogidos por medios nacionales. - Archivo del Boletín Oficial del Estado (BOE), Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.