Por Renan Filho · 2026-09-26El 26 de septiembre de 2026 amaneció con una nueva sacudida en la agenda judicial española: la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener la imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lejos de ser un episodio aislado, este movimiento forma parte de una novela judicial que lleva más de un año copando titulares, alimentando la paranoia del sanchismo y poniendo en evidencia una verdad incómoda: la justicia española, lejos de ser un contrapeso neutral, se ha convertido en un escenario más de la batalla política.
Los hechos que rodean a Begoña Gómez no son menores. Según la documentación que obra en el sumario, la esposa del presidente habría mantenido reuniones con directivos de empresas como Air Europa o el Grupo Globalia mientras su marido impulsaba ayudas millonarias al sector turístico durante la pandemia. También se investigan sus vínculos con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, financiada por empresarios que, en paralelo, buscaban contratos públicos o beneficios fiscales. La conexión entre poder político y poder económico es un clásico en cualquier país, pero lo que distingue este caso es la reacción del Ejecutivo: en lugar de facilitar la investigación, el entorno de Sánchez ha desplegado una estrategia de victimización y descrédito contra el poder judicial.
La defensa de la normalidad institucional choca con los hechos. En julio de 2025, el juez Peinado ya había citado a declarar a Sánchez en plena ola de calor, una decisión que algunos interpretaron como un «espectáculo mediático» y otros como un ejercicio legítimo de investigación. El presidente compareció por escrito, negando cualquier injerencia, pero la imagen de un mandatario escondiéndose detrás de un escrito fue devastadora para su credibilidad. Desde entonces, cada paso procesal ha sido convertido por el PSOE en un ataque a la democracia, mientras que desde la oposición se reclama una comisión de investigación en el Congreso. Mientras tanto, los tribunales avanzan a trompicones, con recursos, recusaciones y prórrogas que eternizan el proceso y que alimentan la percepción de que la justicia española es lenta, politizada y, en última instancia, ineficaz.
¿Por qué importa esto más allá del chascarrillo político? Porque la toga, símbolo de imparcialidad, cuelga de un hilo en España. La polarización ha llegado a tal punto que cada decisión judicial es interpretada como un golpe de Estado o como una defensa de la legalidad, según el color político del observador. El Consejo General del Poder Judicial lleva años en funciones, sin renovarse, y los nombramientos de magistrados se negocian en los despachos de Moncloa y de la oposición. La justicia, que debería ser el último refugio de la verdad, se ha convertido en un arma arrojadiza. Y en ese juego, el principal perjudicado no es Sánchez ni su esposa, sino el ciudadano medio, que ve cómo las instituciones se degradan mientras los políticos discuten sobre quién es más honesto.
La perspectiva liberal-conservadora exige aquí un análisis sin contemplaciones. El Estado mínimo no solo significa menos impuestos y menos regulación; significa también que el poder judicial debe ser independiente y rápido, porque sin seguridad jurídica no hay inversión ni crecimiento. España no puede permitirse el lujo de un sistema que tarda años en resolver un caso de corrupción mientras los responsables siguen en sus despachos. Es cierto que la presunción de inocencia ampara a Begoña Gómez, y es justo recordarlo. Pero también es cierto que la opacidad con la que el Gobierno ha manejado este asunto -negando información, filtrando documentos a medios afines y criminalizando al juez- no hace sino alimentar la sospecha. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué convertir la investigación en una batalla personal contra el magistrado?
Por supuesto, existe una lectura alternativa que debe ser considerada con honestidad intelectual. Los defensores del Gobierno argumentan que este caso es una operación de lawfare, un término anglosajón que describe el uso de los tribunales para desgastar a adversarios políticos. Señalan que las reuniones investigadas no implican necesariamente un intercambio ilícito, que la cátedra se desarrolló conforme a los protocolos universitarios y que las acusaciones provienen de sindicatos ultraderechistas como Manos Limpias, cuyo historial de querellas temerarias es bien conocido. Además, recuerdan que la justicia española ya archivó causas similares contra otros políticos socialistas por falta de pruebas. Este contrapunto es válido y debe ser escuchado. El problema es que la defensa de la presunción de inocencia se vuelve insostenible cuando el propio presidente del Gobierno insulta al juez en sede parlamentaria y cuando su partido organiza actos de apoyo a la esposa del líder con tintes de propaganda.
La realidad es que la toga ya cuelga. No porque el juez Peinado sea un corrupto ni porque Begoña Gómez sea culpable, sino porque la confianza de los españoles en su sistema judicial está bajo mínimos. Según una encuesta del CIS de junio de 2026, el 73% de los ciudadanos considera que la justicia no es independiente del poder político. Ese dato, contundente, es el verdadero veredicto. Y mientras las élites madrileñas se enredan en disputas partidistas, los empresarios miran a otros países -Portugal, Irlanda, Polonia- donde los contratos públicos se firman sin sobresaltos y donde los jueces no necesitan escolta para ir al trabajo. España, una vez más, está perdiendo la carrera de la credibilidad institucional. No es un problema de izquierdas ni de derechas; es un problema de Estado. Y hasta que no se asuma esa verdad, la pesadilla de Begoña Gómez seguirá siendo, en realidad, la pesadilla de todos los españoles que sueñan con una justicia digna de ese nombre.