Por Renan Filho · 2026-09-24El drama de Maricarmen, una octogenaria que perdió su piso en el barrio de Gràcia por no poder hacer frente al alquiler, se ha convertido en el último episodio de la política española del espectáculo. Junts, consciente de que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita sus siete votos para sacar adelante el decreto de vivienda, ha anunciado que no apoyará la medida a menos que se incluya una moratoria exprés de los desahucios para mayores de 70 años y familias vulnerables.
El portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, declaró a la prensa que "el señor Sánchez no puede pedirnos que votemos a favor de un decreto que permite que una señora de 86 años acabe en la calle". La declaración, acompañada de un vídeo de Maricarmen llorando frente a su portal, fue difundida por el partido independentista en sus redes sociales. La jugada es perfecta: humanizan su causa, presionan al PSOE y, de paso, evitan que el decreto salga adelante sin su sello.
El Ejecutivo, que había previsto aprobar el decreto por la vía rápida, se ha visto obligado a sentarse a negociar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó que "hay conversaciones abiertas" con Junts, aunque evitó dar detalles sobre las concesiones. La realidad es que el PSOE necesita los votos de los independentistas catalanes como el agua de mayo, y lo sabe. La Mesa del Congreso ya ha retrasado la votación del decreto hasta la próxima semana, lo que da tiempo para el pulso.
Por qué importa: Este episodio revela dos realidades incómodas. Primera, que el Gobierno de Sánchez depende de partidos que no creen en la unidad de España para gobernar. Segunda, que la política de vivienda, en lugar de resolver el problema estructural del mercado, se convierte en un cortijo de concesiones políticas. El decreto incluye medidas como el control de precios del alquiler en zonas tensionadas, la ampliación del parque público de vivienda y la limitación de los desahucios. Pero Junts quiere más: una moratoria automática que, según los expertos, desincentivaría la oferta de alquiler y encarecería aún más el mercado.
Análisis FORTIS: Desde una perspectiva liberal-conservadora, el decreto de vivienda es un monumento a la intervención estatal. El control de precios, como se ha visto en ciudades como Berlín o París, no ha hecho más que reducir la oferta de pisos en alquiler y disparar el mercado negro. Ahora, Junts añade una capa más de populismo: una moratoria de desahucios que, en lugar de atacar la raíz del problema —la falta de oferta por la rigidez del suelo y la sobrerregulación—, premia la morosidad y castiga al pequeño propietario. España necesita más vivienda, no más controles. Pero aquí, la política de trileros se come a la sensatez económica.
Contrapunto: El Partido Popular, en un intento de marcar perfil, ha ofrecido los votos de sus diputados a cambio de eliminar el control de precios y sustituirlo por incentivos fiscales a los arrendadores. La portavoz popular, Cuca Gamarra, afirmó que "el problema no es que los alquileres sean caros, es que no hay pisos". Y lleva razón. Los datos del Banco de España indican que la oferta de alquiler ha caído un 12% en las zonas donde se han aplicado topes. Pero el PSOE, atrapado entre su base ideológica y la necesidad de aprobar leyes, prefiere el chantaje de Junts a la sensatez del PP.