Por Renan Filho · 2026-09-24Un juez federal de los Estados Unidos ha emitido una orden judicial preliminar que obliga a la Administración Trump a restablecer el acceso inmediato a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MSNBC y Politico. La decisión, dictada el pasado miércoles por el juez Rudolph Contreras, del Tribunal de Distrito de Columbia, argumenta que la revocación unilateral de las acreditaciones de prensa viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa.
El caso se originó cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció a principios de mes que el presidente Trump había ordenado la retirada de los pases de prensa de estos tres medios, acusándolos de difundir “noticias falsas de manera sistemática” y de actuar como “brazos de propaganda del Partido Demócrata”. La medida afectó a más de una docena de periodistas que cubren la fuente presidencial, incluyendo a la veterana corresponsal de CNN, Kaitlan Collins.
La demanda fue presentada conjuntamente por las tres cadenas, representadas por el bufete de abogados Williams & Connolly. En su alegato, los demandantes sostuvieron que la acción del ejecutivo no solo era arbitraria, sino que también buscaba castigar a medios críticos, creando un precedente peligroso para la libertad de expresión en el país. “La Casa Blanca no es un club privado. Es el epicentro de la democracia y debe estar abierta a todos los medios, independientemente de su línea editorial”, declaró el abogado principal de los medios, según consta en la transcripción de la audiencia.
Desde la perspectiva liberal-conservadora que defiende FORTIS NEWS, este fallo judicial merece un análisis matizado. Por un lado, el principio de libertad de prensa es un pilar irrenunciable de cualquier sociedad abierta y de libre mercado. La idea de que el gobierno pueda seleccionar qué medios son “aceptables” y cuáles no, basándose en su contenido crítico, es incompatible con el concepto de Estado mínimo y no intervencionista. Si el gobierno puede cerrar la puerta a CNN, mañana podría cerrarla a Fox News o a cualquier medio que le incomode.
Sin embargo, es igualmente cierto que estos medios —CNN, MSNBC y Politico— han abandonado hace tiempo cualquier pretensión de objetividad periodística. Han actuado como extensiones del establishment demócrata, publicando informaciones sesgadas y, en ocasiones, falsedades verificadas. Recordemos el escándalo de “Russiagate”, donde CNN y MSNBC difundieron durante años una narrativa de colusión con Rusia que resultó ser completamente falsa, según el informe Mueller. Esa no fue información, fue propaganda pagada con los dólares de los suscriptores.
La cuestión de fondo es si el Estado debe tener la potestad de discriminar entre medios “responsables” e “irresponsables”. La respuesta, desde el liberalismo clásico, es un rotundo no. El mercado de las ideas debe autorregularse. Si CNN miente, el público debe castigarla con el mando a distancia, no con una orden ejecutiva. La solución no es que Trump juegue a ser censora, sino que los ciudadanos exijan mejor periodismo. La Administración Trump, al actuar de forma tan burda, ha dado a estos medios exactamente lo que querían: una narrativa de mártires de la libertad de expresión.
El juez Contreras, en su fallo de 47 páginas, señaló que “la Primera Enmienda no permite que el gobierno excluya a periodistas de un foro público tradicional basándose en la crítica”. La Casa Blanca ha anunciado que apelará la decisión. En una declaración a la prensa, la portavoz Leavitt afirmó que “el presidente tiene la autoridad constitucional para gestionar el acceso a su propiedad y no está obligado a dar altavoz a los enemigos de Estados Unidos”.
**Por qué esto importa para España:** Este caso no es un mero chisme de política estadounidense. Sienta un precedente global. Si la Administración Trump pierde la apelación, se consolidará la doctrina de que el acceso a la información gubernamental es un derecho cuasiabsoluto de los medios, incluso de aquellos que han demostrado mala fe. En España, donde el Gobierno de Sánchez ha coqueteado con la creación de un “registro de medios” y donde la izquierda exige controlar los contenidos bajo la excusa de la “desinformación”, este fallo podría ser usado como ariete para justificar leyes mordaza contra medios críticos con el progresismo. El Estado nunca debe ser el árbitro de la verdad.
**Contrapunto:** Es justo reconocer que Trump no actuó sin motivo. Durante su primer mandato, estos mismos medios hicieron campaña abierta para derrotarlo, ocultando información sobre el portátil de Hunter Biden y censurando la historia de los negocios de la familia Biden en Ucrania. La desconfianza hacia ellos es legítima. Pero la vía administrativa para combatirlos es equivocada. La guerra contra los medios sesgados se gana en la arena de las ideas, no en los tribunales.
**P: ¿Puede la Casa Blanca vetar a un medio por mentir repetidamente?** R: Según la Primera Enmienda, no. La jurisprudencia estadounidense es clara: el gobierno no puede discriminar en el acceso a foros públicos basándose en el contenido del discurso, incluso si este es falso. La solución legal es demandar por difamación, no cerrar el grifo informativo. La libertad de prensa protege incluso la mala prensa.
**P: ¿Qué implica esto para los medios españoles como El País o La Sexta?** R: Implica que si un gobierno conservador en España intentara restringir el acceso de medios críticos a ruedas de prensa oficiales, se enfrentaría a una batalla judicial similar. La lección es que el Estado no debe tener el poder de decidir quién es periodista y quién no. Eso es competencia de los ciudadanos y del mercado. La credibilidad se gana, no se decreta.