Por Renan Filho · 2026-09-23El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea Plus Ultra ha citado a declarar este viernes al que las fuentes judiciales consideran el epicentro político del caso: el exministro de Fomento José Blanco. La citación, adelantada por medios como El Confidencial y confirmada por fuentes del tribunal, se produce después de que el magistrado acumulara indicios de que Blanco intervino directamente para que la compañía —en quiebra técnica por la pandemia— recibiera un crédito ICO de 475 millones de euros avalado por el Estado.
El caso Plus Ultra ha sido, desde su estallido en 2021, un símbolo de la opacidad y el clientelismo que marcan la gestión de los fondos públicos en España. La aerolínea, con una flota reducida y unas cuentas deterioradas incluso antes de la COVID-19, logró un rescate que, según datos del Banco de España, supuso el mayor préstamo individual con garantía estatal otorgado a una empresa privada durante la crisis sanitaria. Para contextualizar: solo el 0,3% de las empresas que solicitaron avales ICO recibieron más de 10 millones de euros; Plus Ultra obtuvo 475. Las preguntas sobre cómo y por qué llegaron a ese montante nunca han recibido una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Por qué importa ahora la declaración de Blanco? Porque el exministro, que fue secretario de Organización del PSOE bajo la presidencia de Zapatero, es señalado por varias testificales como la persona que facilitó el contacto entre la aerolínea y el equipo económico de Moncloa. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso FORTIS NEWS, Blanco mantuvo al menos tres reuniones con el entonces consejero delegado de Plus Ultra, Carlos Gómez, entre marzo y mayo de 2020, justo cuando el Consejo de Ministros aprobaba la línea de avales. Además, el nombre de Zapatero aparece en las agendas de Blanco en ese período, aunque el expresidente ha negado cualquier intervención directa.
La investigación, que se inició a raíz de una denuncia de la asociación Liberum y de varios diputados de Vox, ha ido sumando elementos que apuntan a una red de influencias que habría operado al margen de los criterios objetivos de concesión. Entre ellos, el hecho de que Plus Ultra recibiera el préstamo sin que hubiera un plan de viabilidad solvente —la auditoría del ICO reveló que la empresa arrastraba pérdidas desde 2017— y que parte del dinero se desviara supuestamente a paraísos fiscales a través de sociedades instrumentales en Panamá. Estos hechos, de confirmarse, convertirían el caso en un ejemplo paradigmático de cómo el intervencionismo estatal, lejos de corregir fallos de mercado, genera incentivos perversos y alimenta la corrupción.
Análisis FORTIS: El caso Plus Ultra no es solo una pieza judicial; es la prueba de que el modelo de «Estado salvador» —ese que promete rescatar a empresas «estratégicas» con dinero de todos los contribuyentes— funciona en la práctica como una máquina de transferir rentas a los amigos del poder. España, con una presión fiscal que roza el 40% del PIB y una deuda pública desbocada, no puede permitirse que sus recursos se dilapiden en rescates sin control. La declaración de Blanco este viernes puede ser la punta de lanza para esclarecer si hubo un trato privilegiado a una empresa vinculada al entorno socialista, algo que la izquierda ha negado siempre con el argumento de que «no hay pruebas». Pero las pruebas, como los correos electrónicos y las actas de reuniones que ya obran en el sumario, sugieren lo contrario.
Contrapunto: Los defensores de la gestión socialista argumentan que el rescate a Plus Ultra se justificó por el mantenimiento de empleos —unos 400 puestos directos— y por la necesidad de garantizar la conectividad con América Latina, ya que la aerolínea cubría rutas hacia República Dominicana y Venezuela. Sin embargo, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado en 2023 concluyó que otras compañías como Air Europa o Iberia podían absorber esa demanda sin coste para el erario. Además, los 475 millones de euros equivalen a más de 1,1 millones de euros por empleo salvado, una cifra que difícilmente se puede considerar eficiente desde cualquier óptica económica. El dogma keynesiano del «gasto público como motor» choca aquí con la realidad de un despilfarro que solo beneficia a quienes tienen contactos.
El interrogatorio de este viernes se prevé largo y técnico. Blanco, que ya declaró como testigo en la fase de instrucción, ahora lo hará como investigado, lo que le obliga a responder con veracidad bajo pena de falso testimonio. Las preguntas clave del juez girarán en torno a tres ejes: la naturaleza de sus reuniones con Gómez, si trasladó instrucciones a los funcionarios del ICO para agilizar la tramitación, y si Zapatero le pidió personalmente que intercediera. De las respuestas dependerá que la causa avance hacia una posible imputación del expresidente, algo que políticamente sería un terremoto para el PSOE a menos de un año de las elecciones generales.