Por Renan Filho · 2026-09-25El mercado español del gas natural vive un momento de ebullición. Nuevos operadores, apoyados en plataformas digitales y ofertas agresivas, han declarado la guerra a los gigantes históricos: Naturgy, Endesa e Iberdrola. Juntos controlan aproximadamente el 80% de los clientes residenciales, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero esa cuota, fruto de décadas de monopolio regulado y privatizaciones incompletas, empieza a resquebrajarse.
La liberalización del sector energético en España, iniciada en los años 90, nunca fue completa. A diferencia del mercado eléctrico, donde la competencia ha logrado cierta fragmentación, el gas sigue atrapado en una estructura oligopólica. Las tres grandes heredaron las redes de distribución y mantienen una ventaja casi insalvable: la inercia del consumidor. Cambiar de compañía sigue siendo un engorro burocrático para muchos, y las ofertas de los nuevos operadores, aunque más baratas, no siempre llegan al público general.
Sin embargo, algo está cambiando. La guerra tarifaria se ha desatado con descuentos de hasta el 30% en el término fijo y promociones vinculadas a la contratación online. Compañías como TotalEnergies, Repsol (que irrumpe con fuerza en gas) y pequeños comercializadores independientes están arañando cuota mes a mes. En el último año, más de 300.000 hogares han cambiado de suministrador, según el último informe de la CNMC. Un goteo que, de mantenerse, podría reconfigurar el mapa del gas en España.
¿Por qué importa esto? Porque el gas natural sigue siendo la fuente de calefacción y agua caliente de más de 8 millones de hogares españoles. El coste de la energía es una de las partidas que más lastra la economía familiar, especialmente tras la crisis inflacionaria de 2022-2023. Cualquier reducción de precios vía competencia es una buena noticia para el bolsillo de los ciudadanos y para la competitividad del país. Pero también lo es para la libertad de elección: un mercado con barreras de entrada bajas permite que los consumidores voten con su cartera.
Análisis FORTIS: el problema de fondo no es que tres empresas tengan el 80%, sino que el Estado haya construido un marco regulatorio que lo facilita. Las trabas administrativas para nuevos comercializadores, los peajes de acceso a las redes –fijados por el Gobierno– y la complejidad del sistema de facturación desincentivan la entrada de competidores pequeños. En lugar de simplificar, la burocracia protege a los incumbentes. Un auténtico libre mercado permitiría que cualquiera pudiera comprar gas al por mayor y ofrecerlo al consumidor final sin más requisitos que la solvencia técnica y financiera. Pero España prefiere un mercado tutelado que, en la práctica, es un oligopolio con etiqueta de "liberalizado".
Contrapunto: los defensores del statu quo argumentan que la concentración garantiza inversiones en infraestructuras y seguridad de suministro. Señalan que las tres grandes invierten miles de millones en mantenimiento de redes y almacenamiento. Es cierto: la red de gasoductos y las plantas de regasificación españolas son de las mejores de Europa. Pero ese argumento es falaz. La propiedad de las redes puede separarse de la comercialización, como ya ocurre en la electricidad. No es necesario que la misma empresa que vende el gas sea dueña de los tubos. De hecho, la CNMC ha recomendado en repetidas ocasiones una separación más nítida para fomentar la competencia. El Estado, sin embargo, no ha querido tocar ese avispero.
Datos oficiales: según el último "Boletín de indicadores de competencia en el mercado de gas" de la CNMC, el índice de concentración HHI (Herfindahl-Hirschman) para el mercado residencial se sitúa en torno a 3.200 puntos, muy por encima del umbral de 2.500 que se considera "altamente concentrado". La Comisión Europea también ha señalado a España en varias ocasiones por la falta de dinamismo competitivo en el gas. Mientras tanto, los márgenes de las tres grandes se mantienen saneados: Naturgy, Endesa e Iberdrola reportaron beneficios conjuntos de más de 4.000 millones de euros en su división de gas en 2025. Beneficios que, en un mercado con verdadera competencia, se habrían trasladado en buena parte a los consumidores vía precios más bajos.