Por Renan Filho · 2026-09-28
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El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un paquete de medidas urgentes en materia de vivienda que incluye la prórroga obligatoria de dos años en los contratos de alquiler en curso y la prohibición de desahucios para hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2028. La decisión, adoptada tras meses de negociaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios, supone un giro significativo en la política habitacional del Gobierno y busca dar respuesta al incremento sostenido de los precios del arrendamiento y a la creciente presión social por el derecho a una vivienda digna.
**Contexto**
La crisis del mercado del alquiler en España se ha agravado en los últimos dos años. La escalada de los precios, impulsada por la inflación, la falta de oferta en las grandes ciudades y el aumento de la demanda tras la pandemia, ha dejado a miles de familias sin capacidad para afrontar las rentas mensuales. Según datos del Banco de España, el alquiler medio en zonas tensionadas ha superado ampliamente el 30% de los ingresos del hogar, umbral considerado de riesgo. Ante esta situación, el Ejecutivo ya había implantado en 2023 un límite del 3% anual en las subidas de los alquileres, dentro de la Ley de Vivienda, pero la medida resultó insuficiente para frenar el descontrol de precios en capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.
La nueva disposición, que se tramitará como real decreto ley para su entrada en vigor inmediata, establece que todos los contratos de arrendamiento vigentes en el momento de la publicación de la norma podrán ser prorrogados por el inquilino durante dos años adicionales, sin que el propietario pueda oponerse. Esta prórroga forzosa solo será válida para aquellos inquilinos que acrediten una situación de vulnerabilidad económica, definida por niveles de renta inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Paralelamente, se suspende de forma total y temporal cualquier procedimiento de desahucio que afecte a personas en riesgo de exclusión residencial, ya sea por impago del alquiler o por finalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2028.
La prohibición de desalojos no es nueva en la agenda del Gobierno. Ya durante la pandemia de COVID-19 se aplicaron moratorias similares, y en 2022 se aprobó una prórroga para desahucios de hogares sin alternativa habitacional. Sin embargo, la extensión hasta 2028 representa el período más largo de protección frente a desalojos desde la crisis sanitaria, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que recurrirán la medida ante el Tribunal Constitucional, al considerar que invade competencias autonómicas en materia de vivienda y propiedad privada.
**Análisis**
La decisión del Ejecutivo responde a la presión de los movimientos sociales y de los partidos a su izquierda, que desde hace meses reclamaban “una intervención estructural en el mercado del alquiler” y la “paralización total de los lanzamientos”. El impacto inmediato será la protección de miles de familias que se enfrentaban a un desalojo inminente en los próximos meses. No obstante, la medida también comporta riesgos para el mercado inmobiliario. Los expertos en vivienda señalan que una prórroga forzosa de dos años puede desincentivar la oferta de alquiler, especialmente entre los pequeños propietarios, que podrían optar por retirar sus viviendas del mercado o venderlas, reduciendo aún más la disponibilidad de pisos de alquiler en las zonas más tensionadas.
Desde el punto de vista económico, la prolongación de la prohibición de desahucios hasta 2028 traslada una parte del coste de la crisis a los arrendadores, que ven congelada su capacidad de recuperar la posesión de los inmuebles. Esto podría generar un aumento de los precios en los nuevos contratos, al intentar los propietarios cubrir el riesgo de futuras prórrogas forzosas. El Gobierno confía en que la combinación de esta medida con el impulso a la construcción de vivienda pública, el control de precios en zonas tensionadas y las ayudas directas al alquiler pueda estabilizar el mercado, pero el corto plazo apunta a tensiones adicionales.
El debate se traslada ahora al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo necesita convalidar el real decreto ley en un plazo de treinta días. Con una mayoría parlamentaria fragmentada, la negociación con ERC, Bildu, PNV y otros grupos será clave para asegurar la supervivencia de la norma. Mientras tanto, las asociaciones de inquilinos han valorado positivamente el anuncio, aunque advierten de que la medida debe ir acompañada de sanciones efectivas a los grandes tenedores que incumplan la obligación de prórroga. Por su parte, la patronal inmobiliaria ha calificado la decisión de “intervencionismo extremo” y ha anunciado que estudiará medidas legales.
**Fuentes**
- Comunicado oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, emitido tras el Consejo de Ministros del 28 de septiembre de 2026. - Informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler en España (2025). - Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (BOE, 2023). - Datos del Instituto Nacional de Estadística sobre evolución del Índice de Precios de Alquiler (IPA). - Declaraciones institucionales de la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.