El Gobierno eleva el tono con Marruecos por Ceuta: «Se les fue de las manos»

El Gobierno de España ha elevado el tono con Marruecos tras los últimos episodios de presión migratoria en la frontera de Ceuta. En una declaración a la prensa desde La Moncloa, la ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó que «la situación en la valla de Ceuta se les fue de las manos a quienes permitieron que esto ocurriera». Aunque evitó señalar directamente a Rabat, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a EFE que el Ejecutivo considera que Marruecos «no está cumpliendo con los acuerdos de readmisión» y que «utiliza la migración como instrumento de presión política». El reconocimiento es tardío pero significativo: durante semanas, el Gobierno minimizó los incidentes en la frontera, donde miles de personas intentaron acceder a la ciudad autónoma de forma irregular. Los datos de la Delegación del Gobierno en Ceuta indican que en las últimas 72 horas se registraron más de 1.200 intentos de entrada, una cifra que no se veía desde la crisis de mayo de 2021. La diferencia es que entonces la crisis fue un acto de fuerza unilateral de Marruecos; ahora, según el Ejecutivo, «es una consecuencia de la falta de control en las rutas migratorias».

El contexto geopolítico es clave. Marruecos ha intensificado su presión sobre España en los últimos meses, coincidiendo con el debate interno en la Unión Europea sobre el pacto migratorio. Rabat sabe que España necesita su cooperación para gestionar los flujos migratorios, y lo utiliza como moneda de cambio en otras cuestiones, como el Sáhara Occidental. En una entrevista concedida a la agencia Reuters, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, declaró que «Marruecos no es el guardián de las fronteras de Europa» y que «cada país debe asumir sus responsabilidades». La declaración de Bourita no es inocente: es una respuesta directa a las quejas españolas. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular presentó una batería de preguntas escritas exigiendo saber «qué contraprestaciones económicas se han ofrecido a Marruecos a cambio de la contención migratoria». El portavoz de Exteriores del PP, Valentín Pizarro, afirmó en una comparecencia que «este Gobierno ha convertido la soberanía nacional en un bien transable». La crítica no es menor: el PP recuerda que el giro en la política española hacia el Sáhara, con el apoyo a la autonomía marroquí, se produjo sin contrapartidas claras y con resultados migratorios peores que antes.

¿Por qué importa? Porque Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Su control no es solo una cuestión de soberanía nacional, sino de credibilidad del proyecto europeo. Si España no es capaz de garantizar la integridad de sus fronteras, la presión sobre el resto de países del sur de Europa se intensificará. Además, la crisis actual revela un problema estructural: la dependencia de Marruecos para la gestión migratoria es total, y Rabat lo sabe. En un análisis del Real Instituto Elcano publicado en julio de 2026, se señalaba que «la relación con Marruecos es asimétrica a favor de Rabat, que marca los tiempos y las condiciones de la cooperación». El informe añadía que «cada crisis migratoria es una oportunidad para que Marruecos renegocie sus términos». La evidencia es contundente: desde que España cambió su posición sobre el Sáhara en 2022, las llegadas irregulares a Canarias se han disparado un 40%, según datos de Frontex. La política de apaciguamiento no ha funcionado.

Análisis FORTIS: La situación actual es un claro ejemplo de cómo la mala gestión del Estado y la falta de una política migratoria basada en la soberanía nacional generan problemas mayores. El Gobierno de Sánchez ha optado por subcontratar la seguridad fronteriza a un régimen que no comparte los valores democráticos europeos y que utiliza la migración como arma de negociación. Esto no es una crítica ideológica, es un hecho constatado por los datos. La declaración de que «se les fue de las manos» es una admisión de impotencia. Pero la impotencia no es un accidente: es el resultado de años de desinversión en las fuerzas de seguridad, de una política exterior errática y de una narrativa que durante años minimizó la presión migratoria para no molestar a la izquierda. El liberal-conservadurismo defiende el libre mercado y la movilidad de personas, pero también la necesidad de fronteras controladas y soberanas. Sin control fronterizo, no hay Estado de derecho posible. Y sin Estado de derecho, el resto de libertades se desmoronan.

Contrapunto: No obstante, es necesario reconocer que Marruecos también enfrenta desafíos internos. El país norteafricano es el principal punto de tránsito de migrantes subsaharianos hacia Europa, y su capacidad de control no es ilimitada. Además, la economía marroquí depende en gran medida de las remesas y de la inversión europea, lo que limita su margen de acción. La pregunta que debe hacerse el Gobierno español no es solo «¿qué quiere Marruecos?», sino «¿qué estamos dispuestos a ofrecer y a cambio de qué?». Hasta ahora, la respuesta ha sido ceder sin obtener resultados medibles. En una nota interna del Ministerio de Exteriores, filtrada a El Mundo, se reconocía que «no existen métricas claras para evaluar la cooperación marroquí en materia migratoria». Esa falta de rendición de cuentas es precisamente lo que permite que la situación se deteriore sin que nadie asuma responsabilidades.