Por Renan Filho · 2026-09-25El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha decretado la libertad provisional bajo fianza de 80.000 euros para María del Mar Ferrando, pareja del prestigioso arquitecto Josep Juanpere, acusada de un delito de homicidio. La resolución, conocida esta mañana, impone además la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.
Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando el cuerpo sin vida de un empresario del sector de la construcción, identificado como Alfredo Gutiérrez, fue hallado en el domicilio de la pareja en la localidad de Sant Cugat del Vallès. Según las primeras investigaciones, la muerte se habría producido durante una discusión relacionada con un proyecto urbanístico en el que Juanpere participaba como arquitecto. La defensa sostiene que se trató de un accidente y que su clienta actuó en legítima defensa.
Josep Juanpere es un arquitecto de reconocido prestigio internacional, conocido por sus diseños vanguardistas en la costa catalana y por haber recibido el Premio Nacional de Arquitectura en 2019. Hasta el momento, no se le ha imputado ningún cargo, aunque ha comparecido como testigo en la causa. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han confirmado a FORTIS NEWS que la investigación sigue abierta y que se están analizando los informes forenses y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.
¿Por qué importa? Este caso pone sobre la mesa la delicada cuestión de las fianzas penales en España. Mientras unos consideran que los 80.000 euros son una cantidad excesiva para una persona sin antecedentes penales y con arraigo familiar, otros sostienen que resulta insuficiente para garantizar que no eluda la acción de la justicia, dado el elevado patrimonio de la pareja. La vivienda donde ocurrieron los hechos está valorada en más de dos millones de euros, lo que ha generado críticas sobre la posible desigualdad en la aplicación de la ley.
Análisis FORTIS: Desde una perspectiva liberal-conservadora, el sistema de fianzas debería equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de asegurar el proceso penal. En este caso, el juez ha optado por una fianza que, aunque elevada para la mayoría de los ciudadanos, resulta proporcional al riesgo de fuga y a la capacidad económica de la imputada. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la lentitud de la justicia española: el caso lleva ya tres meses en instrucción sin que se haya formulado acusación formal. Este retraso no solo encarece el proceso para las partes, sino que alimenta la percepción de impunidad cuando los recursos económicos permiten dilatar las causas. El Estado, que recauda impuestos desorbitados para administrar justicia, vuelve a demostrar su ineficiencia.
Contrapunto: No obstante, organizaciones de víctimas y sectores de la izquierda judicial han criticado la decisión por considerar que la fianza es baja para un delito de homicidio. Sostienen que la gravedad del hecho y la posible manipulación de pruebas deberían haber llevado a prisión preventiva. También apuntan a que la notoriedad del arquitecto podría estar influyendo en el trato procesal. Datos del Consejo General del Poder Judicial indican que solo el 12% de los acusados por homicidio en España obtienen libertad bajo fianza, y la media de la cuantía es de 50.000 euros. Este caso supera esa media, pero queda lejos de las fianzas de hasta 300.000 euros impuestas en procesos por delitos económicos de alta complejidad.