Por Renan Filho · 2026-10-27
**Lead**
Un exmiembro de la Gendarmería española y dos inmigrantes que participaron en la avalancha de mayo de 2021 han situado a altos mandos del Ejército y la seguridad marroquíes en la línea fronteriza durante la invasión a Ceuta, que dejó más de 10.000 personas en las calles de la ciudad autónoma. Las declaraciones, recogidas en un procedimiento judicial que investiga la crisis migratoria, apuntan a una coordinación directa por parte de las autoridades marroquíes para permitir el paso masivo de personas, algo que Rabat siempre ha negado. El impacto económico de esta nueva revelación podría agravar la ya tensa relación comercial entre España y Marruecos, valorada en más de 20.000 millones de euros anuales, y golpear la frágil economía de Ceuta, que depende del comercio transfronterizo y del turismo.
**Contexto**
La denominada "invasión" de Ceuta ocurrió entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, cuando, en medio de una crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Marruecos redujo el control policial en la frontera de El Tarajal. Miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, cruzaron a nado o por tierra hacia la ciudad española. Las imágenes de migrantes caminando por la playa y de la Guardia Civil intentando contener la oleada dieron la vuelta al mundo. Durante meses, el Gobierno español pidió explicaciones a Marruecos, mientras Rabat lo calificaba de "crisis migratoria espontánea".
Ahora, un expolicía de la Gendarmería –cuyo nombre no se ha revelado pero que habría servido en la zona en los meses previos– y dos hombres que estuvieron entre los primeros en cruzar la frontera han prestado declaración ante un juzgado de Ceuta. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los tres coinciden en que altos oficiales del Ejército marroquí y de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos se encontraban en los puestos de control justo antes de que se abrieran las puertas y dieran instrucciones a los agentes para que no interfirieran. "Ellos mismos abrieron la verja y nos dijeron que pasáramos", habría relatado uno de los inmigrantes, según fuentes del caso.
La relevancia económica de estas acusaciones es mayúscula. Ceuta depende en un 60 % de su PIB de las relaciones con Marruecos: el comercio de mercancías con el país vecino, el turismo de un día de los marroquíes que viven en el norte y los servicios portuarios suponen la columna vertebral de su economía. Tras la crisis de 2021, el tráfico comercial se redujo un 30 % durante meses, y las exportaciones marroquíes a Ceuta aún no se han recuperado del todo. Además, la inestabilidad disuade a inversores y afecta al empleo local, con una tasa de paro que ronda el 25 %, una de las más altas de España.
**Análisis**
¿Por qué importa ahora esta revelación? En primer lugar, llega en un momento en que España y Marruecos han restablecido oficialmente las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2021 y la posterior cumbre de febrero de 2023 en Rabat, donde ambos países acordaron una hoja de ruta para la cooperación en migración, seguridad y comercio. Sin embargo, la sombra de aquel episodio sigue planeando. Si las acusaciones prosperan en la vía judicial, Marruecos podría verse señalado internacionalmente por una acción que muchos consideraron una coerción estatal encubierta. Las consecuencias económicas serían inmediatas: la Unión Europea podría condicionar parte de los fondos destinados a Marruecos –más de 1.500 millones de euros en ayudas previstas hasta 2027– a que se esclarezca su responsabilidad. También las empresas españolas con inversiones en Marruecos, sobre todo en los sectores textil, automotriz y agrícola, temen que el clima de desconfianza frene proyectos conjuntos.
En segundo lugar, el caso reaviva el debate sobre el coste de seguridad en Ceuta y Melilla. España destina anualmente unos 300 millones de euros a la vigilancia de sus fronteras en el norte de África, incluyendo el despliegue de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Armada. Cualquier indicio de que la protección ha sido deliberadamente vulnerada por el vecino del sur obligaría a una revisión de los gastos de defensa y a exigir mayor contrapartida a Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular. Esto, a su vez, podría tensar las negociaciones sobre la pesca y los acuerdos agrarios en el marco de la relación UE-Marruecos.
**Fuentes**
La información ha sido elaborada a partir de fuentes judiciales vinculadas al Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, documentos del sumario a los que ha tenido acceso parcial este medio, y declaraciones públicas de la Cámara de Comercio de Ceuta. Asimismo, se han consultado informes de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, así como datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el impacto económico de la crisis fronteriza de 2021. Todas las referencias a declaraciones de testigos se basan en transcripciones judiciales provisionales, sin que se hayan podido contrastar de forma independiente al cierre de esta edición.