Por Renan Filho · 2026-10-17
**Lead** La Ertzaintza, la policía autonómica vasca, ha detenido a dos individuos acusados de un delito de terrorismo tras hallar en su poder una base de datos con información pormenorizada sobre guardias civiles destinados en el País Vasco. Los arrestos se produjeron en el marco de una operación conjunta con la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Según fuentes de la investigación, los detenidos mantenían vínculos con el entorno de la banda terrorista ETA y habrían recopilado datos personales, domicilios y hábitos de los agentes con el objetivo de facilitar posibles atentados.
**Contexto** La operación, que aún se mantiene bajo secreto de sumario, se desarrolló durante la mañana del pasado jueves en dos localidades del País Vasco. Los agentes registraron los domicilios de los sospechosos y encontraron material informático con archivos clasificados y carpetas con fotos y direcciones de guardias civiles en activo. La Ertzaintza ha confirmado que la investigación se inició hace varios meses, tras detectarse movimientos sospechosos en redes de simpatizantes de la izquierda abertzale radical. No se ha informado de que los detenidos hubieran consumado ningún atentado, pero la posesión de esa base de datos se considera un acto preparatorio de carácter terrorista.
Este tipo de recopilación de información sobre las fuerzas de seguridad del Estado no es un hecho aislado en la historia reciente del País Vasco. Durante la década de los 80 y 90, ETA mantuvo una estructura de 'comandos' que investigaban a policías, militares y políticos para planificar atentados. Con la disolución formal de la banda en 2018, diversos sectores del entorno radical han seguido operando bajo nuevas siglas o de forma autónoma. La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias causas contra personas acusadas de enaltecer el terrorismo o de colaborar con células residuales.
La base de datos incautada contiene nombres completos, números de identificación, destinos actuales y anteriores, así como recorridos habituales de los guardias civiles. Los investigadores creen que la información pudo haber sido obtenida mediante vigilancia directa, acceso a registros públicos y, posiblemente, a través de contactos dentro de la administración. La Ertzaintza no ha descartado nuevas detenciones en los próximos días, a medida que se analice el material confiscado.
**Análisis** La detención de estos dos presuntos proetarras pone de relieve que la amenaza terrorista, aunque residual, no ha desaparecido por completo en el País Vasco. El hecho de que se haya encontrado una base de datos actualizada sobre guardias civiles indica que existe una intención de continuar con la presión violenta contra las fuerzas de seguridad españolas. Esto supone un desafío para la política de convivencia y reconciliación que se ha impulsado en la región desde el cese definitivo de la violencia de ETA. La cultura de la resistencia armada, que durante décadas ensombreció la vida social vasca, parece mantener ciertos focos activos que intentan preservar la memoria de la lucha armada.
Desde una perspectiva social, estos sucesos afectan a la percepción de seguridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad destinados en el País Vasco. Muchos guardias civiles y sus familias viven con la preocupación de ser identificados y señalados públicamente. La existencia de bases de datos como la incautada alimenta un clima de hostilidad que dificulta la normalización de la vida política y social. Las instituciones vascas, tanto el Gobierno autonómico como el central, han condenado los hechos y reafirmado su compromiso con la lucha antiterrorista. Sin embargo, el debate sobre la reinserción de presos de ETA y la gestión de la memoria histórica sigue siendo un tema candente en la sociedad vasca.
**Fontes** - Comunicado oficial de la Ertzaintza sobre la operación policial. - Fuentes de la investigación consultadas por la agencia EFE. - Declaraciones del Ministerio del Interior en rueda de prensa posterior a los arrestos. - Información facilitada por la Audiencia Nacional, que ha decretado el secreto de sumario.