Por Renan Filho · 2026-09-24La España de 2026 se asoma al espejo y no reconoce la imagen que el Gobierno proyecta. Durante los últimos años, el Ejecutivo de coalición ha repetido, con la seguridad de quien cree tener la razón, que el país vive una etapa de crecimiento sostenido, récord de afiliación a la Seguridad Social y protección social sin precedentes. Sin embargo, los datos que publican organismos independientes como el Banco de España, Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan un panorama muy distinto: una economía lastrada por el mayor endeudamiento público de su historia, una inflación que ha devorado los salarios reales y un mercado de vivienda que expulsa a los jóvenes del centro de las ciudades.
El relato oficial ha perdido el aura que lo hacía creíble. Ya no basta con señalar la tasa de paro, que ha descendido hasta el 10,8% según la EPA del segundo trimestre de 2026, cuando la calidad del empleo sigue siendo precaria. Según Eurostat, España lidera la temporalidad en la Unión Europea, con un 23% de contratos de duración determinada, y el salario mediano apenas ha crecido un 1,2% en términos reales desde 2019, mientras que el coste de la vida ha aumentado más del 18% en el mismo periodo. La brecha entre la narrativa gubernamental y la realidad cotidiana de millones de españoles se ensancha cada mes.
El principal pilar del relato, el llamado 'escudo social', se ha financiado con una deuda pública que roza el 115% del PIB, según el Banco de España. Lejos de reducirse, el pasivo estatal ha aumentado en 250.000 millones de euros desde 2020. La carga financiera del Estado absorbe cada vez más recursos que podrían destinarse a rebajar impuestos o mejorar infraestructuras productivas. Mientras tanto, la presión fiscal en España ya supera el 38% del PIB, muy por encima de la media de la OCDE, y el tipo efectivo sobre las rentas del trabajo es de los más elevados de Europa. El resultado es un círculo vicioso: más gasto público, más impuestos, menos crecimiento potencial.
El 'relato averiado' también se manifiesta en la política de vivienda. El Gobierno ha prometido una gran oferta de vivienda pública y control de alquileres, pero los resultados son desalentadores. Según datos del Ministerio de Transportes, el precio del alquiler ha subido un 14% en los dos últimos años en las principales capitales de provincia, y la oferta de vivienda en alquiler ha caído un 30% desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Los propietarios, ante la incertidumbre regulatoria y el temor a las intervenciones, han retirado pisos del mercado o los han destinado al alquiler turístico. El resultado es que un joven español necesita, de media, el 65% de su salario para pagar un alquiler en Madrid o Barcelona, según el Observatorio del Alquiler de la Universidad Pompeu Fabra.
¿Por qué importa esta desconexión entre relato y realidad? Porque la credibilidad de un país es un activo intangible que condiciona la inversión extranjera, la confianza de los mercados y la estabilidad institucional. España sigue teniendo una prima de riesgo inferior a la de Italia, pero superior a la de Francia o Alemania, y las agencias de calificación como Moody's o S&P mantienen una perspectiva estable, aunque advierten de los riesgos fiscales. Si el relato se rompe por completo, la factura puede llegar en forma de mayor coste de financiación o fuga de capitales.
En el análisis de FORTIS, la raíz del problema no es la falta de recursos, sino el modelo. Un Estado que gasta mal, tributa demasiado y entrega poco no puede sostener una narrativa de prosperidad. Economías como la irlandesa o la polaca, con menor presión fiscal y más flexibilidad regulatoria, han crecido a ritmos muy superiores al español en la última década. Mientras España se enreda en subidas del Salario Mínimo Interprofesional sin acompañarlas de productividad, o en intervenciones de mercado que ahuyentan la oferta, sus competidores avanzan en digitalización, energía y capital humano.
Los defensores del Gobierno replican que el PIB español ha crecido un 2,5% en 2025, por encima de la media europea, y que la inflación se ha moderado hasta el 2,1%. Es cierto, pero ese crecimiento está alimentado en parte por el gasto público y la demanda interna, mientras que las exportaciones y la inversión empresarial moderan su ritmo. Además, el empleo creado es mayoritariamente en el sector servicios de baja productividad. La 'recuperación' sigue siendo frágil y dependiente del ciclo político.
El caso es que el relato gubernamental, ese que hablaba de una España verde, feminista y digital, se enfrenta a la cruda realidad de unos ciudadanos que no llegan a fin de mes, que no pueden emanciparse y que ven cómo el Estado les exige cada vez más a cambio de servicios que se deterioran. El aura se ha perdido. La pregunta es si el Ejecutivo está dispuesto a cambiar el guion o prefiere seguir representando una obra que el público ya no aplaude.