Por Renan Filho · 2026-09-23El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso atrás en su intento de regular el despliegue de centros de datos en España. Según un comunicado oficial del Ministerio de Transformación Digital, publicado este martes, se reducirán los plazos para obtener la declaración de impacto ambiental y se unificarán en una sola ventanilla los permisos autonómicos y locales. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una disminución temporal de los peajes de acceso a la red eléctrica para grandes consumidores, una medida que beneficia directamente a los centros de datos.
El contexto es claro: en los últimos doce meses se han constituido en España más de 200 sociedades dedicadas a la explotación y alquiler de infraestructuras de centros de datos, según datos del Registro Mercantil obtenidos por FORTIS NEWS. Proyectos como los de Amazon Web Services en Aragón, Microsoft en la Comunidad de Madrid o Meta en Talavera de la Reina han quedado parcialmente paralizados por los largos procesos de autorización. La patronal Spain Data Center Association (SDCA) cifraba en 15.000 millones de euros el volumen de inversión retenido por culpa de la burocracia.
¿Por qué importa? España compite con Francia, Países Bajos e Irlanda por atraer la nube europea. La inteligencia artificial generativa y la migración a la nube están disparando la demanda de capacidad de proceso. Si el marco regulatorio no es ágil, esos miles de millones se irán a otros países con menor carga administrativa. La decisión del Gobierno supone un reconocimiento implícito de que el exceso de regulación estaba matando la gallina de los huevos de oro tecnológica.
**Análisis FORTIS** Desde una óptica liberal-conservadora, la medida es tardía pero positiva. El Estado español ha demostrado, una vez más, que la regulación excesiva ahoga la iniciativa privada. Durante años, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impuso requisitos ambientales desproporcionados para la conexión a la red, exigiendo estudios de impacto que tardaban hasta dos años. Mientras tanto, los operadores eléctricos tenían vetada la ampliación de capacidad en nudos congestionados. El resultado: un cuello de botella que solo un cambio de urgencia ha podido desatascar.
Sin embargo, no conviene lanzar las campanas al vuelo. El anuncio se queda corto. Siguen sin abordarse los altos impuestos sobre la electricidad —el IVA del 21% y el impuesto especial del 5,11%— que encarecen la operación de los centros de datos respecto a países como Países Bajos, donde existen exenciones fiscales para centros de datos. Tampoco se ha reducido el Impuesto de Sociedades, que en España sigue en el 25%, frente al 15% de Irlanda. Si el Gobierno quiere de verdad competir, debería aplicar una reforma fiscal integral para el sector, no solo parches administrativos.
**Contrapunto** No todo son aplausos. Colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción han denunciado que la flexibilización eliminará controles ambientales necesarios. En un comunicado, la organización advierte que los centros de datos consumen ingentes cantidades de agua para refrigeración y que la red eléctrica no está preparada para absorber picos de demanda sin recurrir a centrales de gas. Por su parte, Unidas Podemos y Sumar han anunciado que presentarán una enmienda a la próxima ley de presupuestos para reintroducir exigencias de eficiencia energética.
Estas críticas tienen un fondo de verdad —los centros de datos son intensivos en recursos— pero ignoran que la tecnología avanza: los nuevos diseños ya usan refrigeración líquida y energías renovables. Además, la alternativa a no tener centros de datos en España es tenerlos en Francia, donde la electricidad nuclear es más barata, o en Marruecos, con menos controles ambientales. La solución no es regular más, sino incentivar la innovación y permitir que el mercado encuentre las respuestas técnicas más eficientes.
**P: ¿Qué impacto tendrá esta desregulación en el precio de la luz para los hogares?** R: Es poco probable que el efecto sea significativo. Los centros de datos pagan peajes específicos y su consumo se concentra en horas valle, donde hay excedente de generación renovable. La CNMC ha calculado que la reducción de peajes para grandes consumidores solo supone un 0,3% de los ingresos totales del sistema, por lo que el impacto en el recibo doméstico sería marginal. Además, la mayor actividad económica y la atracción de inversiones generan empleo y recaudación que compensan cualquier posible desviación.
**P: ¿Es esta una medida definitiva o solo un parche electoralista?** R: El Gobierno ha presentado el real decreto como un «paquete de choque» con vigencia inicial de dos años. La oposición del PP ha criticado que no se acompañe de una reforma estructural del sistema de permisos, y ha anunciado que presentará una proposición de ley para eliminar de forma permanente la necesidad de autorización autonómica para centros de datos que superen los 50 MW. Dado que 2027 es año electoral, es probable que el Ejecutivo intente capitalizar el anuncio sin hacer concesiones de fondo. FORTIS NEWS seguirá de cerca la tramitación parlamentaria.