Por Renan Filho · 2026-09-26La playa del Trampolín, situada en el extremo sur de la ciudad autónoma de Ceuta, ha dejado de ser un lugar de recreo para convertirse en un termómetro de la crisis de seguridad que padece la frontera sur de España. Vecinos y turistas denuncian desde hace meses un incremento imparable de la venta ambulante ilegal, los robos al descuido y el trapicheo de drogas, especialmente hachís y cocaína, en plena arena y a plena luz del día.
Según fuentes de la Policía Local consultadas por este periódico, solo en los últimos treinta días se han registrado más de una docena de intervenciones por hurto en la zona, la mayoría contra bañistas que dejan sus pertenencias sin vigilancia. Sin embargo, los agentes reconocen que la falta de efectivos y la priorización de otros puntos calientes de la ciudad impiden una presencia disuasoria constante. La playa del Trampolín, con apenas 200 metros de longitud, se ha convertido en un agujero negro de la vigilancia pública.
El fenómeno de la venta ambulante irregular es el más visible. Decenas de manteros, en su mayoría jóvenes de origen magrebí, recorren la orilla ofreciendo desde gafas de sol y pareos hasta bebidas y snacks sin ningún tipo de control sanitario ni fiscal. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha reconocido en declaraciones a la prensa local que se trata de un problema estructural vinculado a la presión migratoria, pero no ha presentado un plan concreto para atajarlo. Mientras tanto, los comerciantes establecidos, que pagan impuestos y cumplen con la normativa, ven cómo su clientela se dispersa ante la competencia desleal.
Por qué importa: Ceuta no es solo una ciudad española; es la puerta de Europa en África. Lo que ocurre en sus playas es un reflejo de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la legalidad en sus fronteras. Si en un espacio tan reducido y visible como el Trampolín el caos es la norma, ¿qué cabe esperar del resto del territorio? La permisividad con la venta ambulante ilegal y el microtráfico no solo perjudica a los vecinos y al comercio local, sino que envía una señal nefasta a las mafias que explotan la inmigración irregular.
Análisis FORTIS: El problema de la playa del Trampolín no es nuevo, pero se ha agravado por la combinación letal de dos factores que el liberal-conservadurismo lleva décadas denunciando: un Estado que gasta mal y tributa demasiado, y una burocracia que prioriza la corrección política sobre la eficacia. En lugar de reforzar la presencia policial con medios y agentes suficientes —lo que implicaría reasignar partidas presupuestarias malgastadas en subvenciones clientelares—, las administraciones optan por parches cosméticos: campañas de concienciación, mediadores interculturales y promesas de regularización que nunca llegan.
El libre mercado funciona cuando las reglas son claras y se aplican. Aquí no hay reglas, o no se cumplen. El vendedor ambulante ilegal no compite en igualdad de condiciones con el quiosquero que paga el IVA, la licencia y el seguro. Es una distorsión que el Estado, con su inacción, legitima. Peor aún: al no perseguir el menudeo de drogas, se alimenta una economía sumergida que financia redes delictivas. Según datos del Observatorio Europeo de las Drogas, Ceuta es una de las rutas principales de entrada de hachís hacia la península, y la playa del Trampolín es un eslabón más de esa cadena.
Contrapunto: Voces progresistas y ONG como Caminando Fronteras sostienen que el problema no es la venta ambulante en sí, sino la falta de oportunidades para los migrantes que llegan a Ceuta. Argumentan que criminalizar a los manteros sin ofrecer alternativas laborales solo profundiza la exclusión. Es un argumento con cierta lógica humanitaria, pero que choca con la realidad: la mayoría de los vendedores ilegales en el Trampolín no son solicitantes de asilo recién llegados, sino jóvenes que ya residen en la ciudad, muchos de ellos en centros de acogida, y que eligen la economía informal porque la formal les exige requisitos que no quieren cumplir. La solución no es bajar los estándares legales, sino hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, eliminar trabas burocráticas que dificultan el emprendimiento legal para todos, incluidos los migrantes.