Por Renan Filho · 2026-09-25El pasado lunes, el Ministerio del Interior confirmó el desembarco en territorio español de al menos cuatro ONG extranjeras que han recibido contratos millonarios de comunidades autónomas para la atención de menores no acompañados. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, dos de esas organizaciones están siendo investigadas por presuntos maltratos físicos y psicológicos a menores bajo su custodia, en centros de acogida ubicados en Canarias y la Comunidad Valenciana.
Las ONG señaladas son 'Solidaridad Sin Fronteras' y 'Acción Migrante Global', ambas con sede en Bélgica y vinculadas, según documentos internos filtrados, al movimiento político 'La Izquierda Internacional', una plataforma que aglutina a partidos anticapitalistas y colectivos anarquistas. En declaraciones a la prensa, el portavoz de la Asociación de Familias Afectadas por el Acogimiento Irregular denunció que los menores reciben alimentación insuficiente, carecen de atención médica adecuada y son sometidos a encierros prolongados como castigo.
El contexto es alarmante. España ha incrementado en un 40% la partida presupuestaria destinada a la acogida de menores inmigrantes en los últimos tres años, alcanzando los 1.200 millones de euros en 2026. Sin embargo, los informes de la Intervención General de la Administración del Estado revelan que solo el 35% de esos fondos se destina directamente a los menores; el resto se consume en gastos administrativos, salarios de personal directivo y alquileres de inmuebles a precios muy por encima del mercado.
¿Por qué importa esto? Porque el dinero de los contribuyentes está siendo canalizado hacia entidades que no solo incumplen su misión humanitaria, sino que además promueven una agenda política contraria a la soberanía nacional y al respeto de las leyes españolas. En un comunicado oficial, el Ministerio de Derechos Sociales aseguró que 'se revisarán todos los contratos' y que 'no se tolerará ninguna irregularidad'. Pero la realidad es que estas ONG llevan meses operando sin una supervisión efectiva, amparadas en la discrecionalidad de los gobiernos autonómicos de signo progresista.
Análisis FORTIS: Estamos ante un nuevo episodio de la captura del Estado por parte de organizaciones que se presentan como altruistas pero que, en los hechos, funcionan como apéndices de movimientos políticos que cuestionan el orden constitucional. El libre mercado y la subsidiariedad exigen que el Estado se limite a garantizar la seguridad y los derechos básicos, no que externalice servicios críticos a entidades no sometidas a control democrático. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en la contratación son síntomas de un sistema que gasta mal, tributa demasiado y entrega poco, como hemos denunciado en FORTIS desde nuestra fundación.
Contrapunto: Voces de la izquierda defienden la labor de estas ONG argumentando que 'sin ellas, miles de menores quedarían en la calle' y que las investigaciones son 'una caza de brujas política'. Sin embargo, los datos oficiales del Defensor del Pueblo, publicados en su informe anual de 2025, ya advertían de que el 60% de los centros de acogida gestionados por ONG no cumplían los estándares mínimos de habitabilidad y atención psicológica. Además, una auditoría de la Comisión Europea sobre el uso de fondos comunitarios en España señaló 'deficiencias reiteradas en la justificación de gastos' por parte de las mismas organizaciones. La narrativa de la persecución ideológica no resiste el contraste con los hechos verificables.