Por Renan Filho · 2026-09-24El pasado martes, la Guardia Urbana de Barcelona ejecutó el desalojo de Maricarmen, una mujer de 65 años que ocupaba desde hace meses un piso vacío en el distrito de Ciutat Vella. Las imágenes de la mujer llorando y resistiéndose al desalojo recorrieron las redes sociales, provocando la inmediata reacción de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales por la vivienda.
Sin embargo, lo que parecía un caso aislado de precariedad habitacional se ha convertido en el nuevo frente de batalla política entre los dos socios del Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, exigió en una publicación en la red social X la paralización inmediata de todos los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. "No podemos permitir que el derecho a la vivienda se convierta en un negocio que expulsa a la gente de sus hogares", escribió Díaz, en un mensaje que fue replicado por varios de sus diputados.
La respuesta del ala socialista no se hizo esperar. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, compareció ante los medios para recordar que "España es un Estado de Derecho" y que "las decisiones judiciales deben cumplirse, por muy duras que sean". Rodríguez subrayó que el Gobierno ya ha puesto en marcha medidas de protección para los inquilinos vulnerables, como el bono alquiler joven y el refuerzo del parque público de vivienda, pero que "ninguna administración puede saltarse la ley por muy buena que sea la intención".
Este choque no es nuevo. Desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, que estableció topes al alquiler en zonas tensionadas y blindó a los pequeños propietarios frente a los grandes tenedores, PSOE y Sumar han mantenido una tensión soterrada. Sumar considera que la ley se ha quedado corta y aboga por una intervención más agresiva del mercado, incluyendo la expropiación temporal de viviendas vacías y la prohibición total de los desalojos sin alternativa. El PSOE, por su parte, defiende un equilibrio entre la protección social y el respeto a la propiedad privada, aunque en los últimos meses ha cedido a las presiones de sus socios en varias comunidades autónomas.
Por qué importa: este caso no es solo una anécdota mediática, sino el síntoma de un problema estructural que el intervencionismo estatal no ha resuelto. España acumula un déficit de oferta de vivienda que lleva décadas gestándose: según datos del Banco de España, el país construye menos de 100.000 viviendas al año, cuando la demanda demográfica y migratoria requiere al menos el doble. Las políticas de control de precios, lejos de aumentar la oferta, han provocado la retirada de miles de propietarios del mercado del alquiler, reduciendo aún más la disponibilidad de pisos y elevando los precios en el mercado negro.
Análisis FORTIS: desde una perspectiva liberal-conservadora, lo ocurrido con Maricarmen es un drama humano que merece una solución, pero no a costa de dinamitar el principio de propiedad privada, que es la base de cualquier economía de mercado y de la libertad individual. La propiedad privada no es un privilegio, sino un derecho fundamental reconocido en el artículo 33 de la Constitución española. Cuando el Estado decide suspender los desalojos por decreto, está anulando de facto ese derecho y convirtiendo a los propietarios en prestamistas forzosos de sus bienes. El resultado previsible es la retirada masiva de la oferta, el aumento de la inseguridad jurídica y, al final, el empeoramiento del problema que se pretende solucionar.
Además, la propuesta de Sumar de suspender todos los desalojos sin alternativa es un brindis al sol populista que ignora la realidad judicial y presupuestaria. Los ayuntamientos, especialmente los gobernados por la izquierda, no tienen recursos suficientes para realojar a todas las familias desahuciadas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se ejecutaron en España más de 25.000 lanzamientos, de los cuales aproximadamente un 40% correspondían a viviendas de grandes tenedores. El resto, a pequeños propietarios que dependen de ese alquiler para su subsistencia. Criminalizar a todos los propietarios por igual es una falacia demagógica.
Contrapunto: los defensores de la intervención estatal argumentan que sin regulación el mercado no garantiza el derecho a la vivienda, y que casos como el de Maricarmen son la prueba de que el sistema actual es fallido. Es cierto que el mercado no resuelve por sí solo los problemas de exclusión social, y que el Estado debe tener un papel subsidiario para los casos más extremos. Pero la solución no es expropiar o congelar precios, sino eliminar las barreras que impiden la construcción de nueva vivienda: burocracia urbanística, rigidez del suelo, impuestos desorbitados y una fiscalidad que castiga al propietario que alquila. Países como Suiza o Alemania, con mercados de alquiler mucho más flexibles y menos intervenidos, tienen tasas de acceso a la vivienda muy superiores a las españolas.