Por Renan Filho · 2026-09-23A las nueve y media de la mañana, cuando el sol apenas calentaba las fachadas del barrio de Retiro, una comisión judicial acompañada por seis agentes de la Policía Nacional se presentó en el número 14 de la calle de Alcalá. La orden de desahucio, emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Madrid, pesaba sobre Maricarmen López Gutiérrez, de 87 años, vecina del tercero izquierda desde 1972.
En la acera, unas cuatrocientas personas —según fuentes de la Delegación del Gobierno— coreaban consignas contra la propiedad privada y la "especulación inmobiliaria". Entre ellos, militantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, concejales de Más Madrid y varios activistas de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). "Maricarmen no se va", repetían mientras dos agentes abrían paso a la comisión.
El desahucio se ejecutó sin incidentes graves, aunque se registraron empujones y un agente resultó con una contusión leve tras recibir el impacto de una botella de plástico. La mujer fue acompañada por los servicios sociales del Ayuntamiento, que le han ofrecido un alojamiento temporal en un albergue municipal mientras se tramita su solicitud de vivienda pública. Maricarmen percibe una pensión no contributiva de 488 euros mensuales; el alquiler de su piso de renta antigua ascendía a 620 euros, según consta en el contrato facilitado por la propiedad.
¿Por qué importa? Porque el caso de Maricarmen refleja una fractura que atraviesa toda la sociedad española: el derecho de propiedad frente a la emergencia habitacional. El propietario, un particular que heredó el piso de su padre, ha demostrado —según documentación presentada en el juicio— que necesita el inmueble para instalarse él mismo con su familia, al haber sido desahuciado de su propia vivienda por impago de hipoteca. El juez consideró probada la necesidad del demandante y la falta de alternativa habitacional del demandado, pero aplicó la ley vigente.
Análisis FORTIS: Este desahucio no es un fallo del capitalismo, sino del Estado. En España, los gobiernos socialistas y populares han inflado durante décadas el precio de la vivienda con políticas de subsidio a la demanda —como el bono joven de alquiler— que solo elevan los precios, mientras la oferta pública de vivienda social apenas alcanza el 2,5% del parque total, según datos del Banco de España. En Suecia esa cifra supera el 20%; en Austria, el 25%. El resultado es que una persona mayor, con una pensión insuficiente, queda atrapada entre una renta antigua congelada que ya no cubre los costes del propietario y un mercado libre inaccesible.
La izquierda, que hoy se rasga las vestiduras por Maricarmen, lleva años bloqueando reformas liberalizadoras que permitirían construir más vivienda y abaratar el suelo. El Gobierno de Sánchez ha prorrogado la moratoria de desahucios para hogares vulnerables hasta 2028, pero su aplicación es un laberinto burocrático: la propia Comunidad de Madrid denunció el pasado mes de febrero que el 73% de las solicitudes de vivienda social tardan más de dos años en resolverse. La señora López había solicitado ayuda al alquiler en 2021; aún no tenía respuesta.
Contrapunto: La propiedad privada no es un dogma absoluto, pero tampoco un enemigo. El propietario de Maricarmen, que también se quedó sin casa, ejerció su derecho legal. Cuestionar la ejecución de una sentencia judicial firme es abrir la puerta a la inseguridad jurídica que ya han padecido países como Argentina o Venezuela. El problema de fondo es que el Estado no ha cumplido su función subsidiaria: garantizar que quien no pueda pagar un alquiler de mercado tenga una alternativa digna. Y no lo ha hecho porque ha preferido gastar el dinero en subvenciones electorales y en un 40% de gasto público improductivo, según la AIReF.