Por Renan Filho · 2026-09-23El pasado lunes, Maricarmen López, una mujer de 67 años con problemas de movilidad y una pensión de 680 euros, fue desahuciada de su piso de alquiler social en el distrito madrileño de Usera. La orden judicial llegó después de que el dueño —un pequeño propietario que aseguraba no cobrar el alquiler desde hacía 14 meses— solicitara el lanzamiento. La Policía Municipal de Madrid actuó siguiendo el mandato del juzgado, pero el caso ha derivado en un nuevo enfrentamiento directo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tardó en reaccionar. En una publicación en la red social X, calificó el desahucio de "inhumano" y afirmó que "la señora Maricarmen es víctima de la política de vivienda de la derecha madrileña, que prefiere proteger al gran tenedor antes que a las personas vulnerables". Horas después, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, añadió en una comparecencia ante la prensa que el Ejecutivo central estudia llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2023, por considerar que "abandona a los inquilinos en situación de exclusión".
La respuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue inmediata y directa. En una rueda de prensa celebrada en la Real Casa de Correos, Ayuso afirmó que "el Gobierno socialista lleva años utilizando casos concretos para justificar su fracaso en vivienda. El desahucio de Maricarmen es una tragedia individual, pero la tragedia colectiva es que el marco legal estatal convierte la okupación en un negocio y desincentiva el alquiler". La presidenta recordó que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, Madrid es la comunidad que más lanzamientos ejecuta, pero también la que más vivienda pública promueve per cápita, con más de 5.000 nuevas viviendas protegidas en tramitación.
Los datos, sin embargo, matizan ambas narrativas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha subido un 38% entre 2020 y 2025, muy por encima de la media nacional del 24%. Al mismo tiempo, el parque de vivienda social madrileño representa apenas el 1,5% del total de viviendas, frente al 4% de la media europea. Ni Moncloa ni Sol tienen cifras que respalden un modelo exitoso: el Gobierno central lleva tres años sin ejecutar el Plan Estatal de Vivienda aprobado en 2022, y la Comunidad de Madrid ha priorizado la construcción de vivienda libre por encima de la protegida durante la última década.
Por qué importa. La okupación no es un fenómeno marginal: según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por allanamiento o usurpación de vivienda en España. Madrid concentra el 22% de los casos. El principal partido de la oposición, el PP, ha hecho de la "lucha contra la okupación" uno de sus ejes electorales, pero sus medidas —como la creación de un juzgado especializado o la propuesta de desalojos en 48 horas— chocan con la legislación estatal. El PSOE, por su parte, insiste en que la okupación es un "problema menor" y prefiere centrar el debate en los grandes tenedores, pero las cifras del Banco de España indican que el 85% de los propietarios de vivienda en España son pequeños tenedores que poseen uno o dos inmuebles.
Análisis FORTIS. El caso Maricarmen es un espejo de la parálisis institucional española. El Gobierno central y la Comunidad de Madrid prefieren desgastarse mutuamente en las redes y los tribunales antes que sentarse a negociar una ley de vivienda que funcione. Mientras tanto, los ciudadanos quedan atrapados entre un mercado de alquiler cada vez más caro, un parque de vivienda social ridículo, y una justicia lenta que tarda una media de 14 meses en ejecutar un desahucio. Ninguno de los dos modelos —la intervención estatal sin resultados concretos de Sánchez ni el liberalismo de escaparate de Ayuso que no frena la subida de precios— ofrece una solución real. El libre mercado de vivienda necesita reglas claras y rápidas, no vacíos legales que generan inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos. La verdad incómoda es que ni Moncloa ni Sol quieren resolver el problema: quieren ganar la próxima campaña.
Contrapunto. La organización Provivienda, que ha acompañado a Maricarmen durante el proceso, emitió un comunicado en el que lamenta que "ambas administraciones hayan convertido el desalojo en un arma política" y recuerda que la mujer fue realojada en un hotel por los servicios sociales municipales tras el desahucio. "La emergencia habitacional no se resuelve con promesas ni con tuits", señala el texto. Desde el ámbito judicial, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha advertido en varias ocasiones que "sin un incremento masivo de vivienda pública y una ley que acelere los desalojos por okupación, los juzgados seguirán colapsados y los casos más vulnerables quedarán sin protección efectiva".