Por Renan Filho · 2026-10-18
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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado esta semana un escrito de alegaciones ante el Congreso de los Diputados que ha reabierto el debate sobre la denominada 'ley de nietos', la proposición de ley que busca otorgar la nacionalidad española a los descendientes de exiliados republicanos. Lo que parecía un trámite político y simbólico ha derivado en un análisis económico de calado: la institución advierte de que el texto actual, si no se modifica, podría generar un impacto fiscal y administrativo no previsto en los Presupuestos Generales del Estado. La irrupción de Gabilondo, que no suele pronunciarse sobre leyes en tramitación, ha sorprendido tanto al PSOE como a Unidas Podemos, principales impulsores de la norma, y ha obligado al Ministerio de Hacienda a realizar un cálculo urgente de los costes asociados.
**Contexto**
La proposición de ley, impulsada por los grupos parlamentarios de la izquierda y apoyada por diversas asociaciones de memoria histórica, pretende modificar la Ley de Memoria Democrática de 2022 para facilitar el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de quienes perdieron la condición de españoles durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se estima que la medida podría afectar a cientos de miles de personas, principalmente en países como Argentina, México, Cuba, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, en su escrito, ha señalado que la redacción actual de la ley no contempla los mecanismos de control necesarios para evitar un colapso en los registros civiles y en los consulados, lo que generaría un atasco burocrático de consecuencias económicas directas: retrasos en la tramitación de expedientes, necesidad de contratar personal eventual y un incremento en el gasto público no presupuestado.
El escrito de Gabilondo, al que ha tenido acceso este diario, detalla que, según los datos del Ministerio de Justicia, el coste medio de tramitación de un expediente de nacionalidad por residencia ronda los 150 euros en gastos de personal y materiales. Si se aplicara esa misma ratio a los potenciales solicitantes de la 'ley de nietos', el desembolso para el Estado podría superar los 45 millones de euros solo en el primer año, sin contar los costes de los consulados en el exterior, que operan con recursos limitados. La institución también advierte de que la ley no establece un límite temporal claro para la presentación de solicitudes, lo que podría prolongar el gasto durante décadas. Hasta ahora, el Gobierno había evitado cuantificar el impacto económico de la norma, argumentando que se trata de una cuestión de justicia histórica y reparación moral.
**Análisis**
La intervención del Defensor del Pueblo introduce una variable que hasta ahora había quedado en un segundo plano en el debate público: la sostenibilidad fiscal de las políticas de memoria democrática. En un contexto de contención del gasto público, con la Comisión Europea exigiendo a España un ajuste estructural para cumplir con las reglas fiscales de la UE, cualquier desviación presupuestaria no prevista puede generar tensiones dentro del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ya ha mostrado su preocupación por el impacto que la ley podría tener en las cuentas públicas, especialmente si se tiene en cuenta que el país arrastra un déficit estructural que ronda el 3,5% del PIB. La advertencia de Gabilondo, aunque no vinculante, tiene un peso político considerable, ya que la institución goza de una alta credibilidad entre la ciudadanía y suele ser escuchada por los grupos parlamentarios.
Además, el análisis económico de la 'ley de nietos' no puede limitarse al coste administrativo. Existe un impacto potencial en el mercado laboral y en la Seguridad Social. La llegada de nuevos ciudadanos, muchos de ellos con edades superiores a los 50 años, podría incrementar el gasto en pensiones no contributivas y en prestaciones sanitarias. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de los solicitantes de nacionalidad por residencia en los últimos años ha sido de 38 años, pero en el caso de los descendientes de exiliados, la media se eleva a 55 años, lo que implica un perfil demográfico menos favorable para la sostenibilidad del sistema de bienestar. El Defensor del Pueblo, sin entrar en alarmismos, ha instado al Gobierno a realizar un estudio de impacto económico completo antes de aprobar la ley, algo que hasta ahora no se ha hecho.
**Fontes**
- Escrito de alegaciones del Defensor del Pueblo (Ángel Gabilondo) ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, presentado el 15 de octubre de 2026. - Datos del Ministerio de Justicia sobre costes de tramitación de expedientes de nacionalidad, publicados en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. - Informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre edad media de solicitantes de nacionalidad por residencia, actualizado a 2025. - Declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, recogidas en el Diario de Sesiones del 10 de octubre de 2026.