Por Renan Filho · 2026-09-23«Cuando cumples 60 años, la cremallera comienza a atascarse.» El refrán, que circula con humor en las conversaciones de bar, esconde una verdad incómoda para España: el país vive un envejecimiento demográfico sin precedentes. La cremallera no es solo la de la chaqueta que ya no abrocha, sino la del sistema de bienestar que cada vez cuesta más cerrar.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida en España alcanza los 83,5 años, una de las más altas de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad se desploma a 1,19 hijos por mujer, muy por debajo del reemplazo generacional. El resultado es que la pirámide de población se ha invertido: los mayores de 65 años representan ya el 20,4% de la población, y el INE proyecta que llegarán al 30% en 2050.
Esta realidad demográfica tiene un impacto directo sobre las cuentas públicas. El gasto en pensiones contributivas superó los 190.000 millones de euros en 2025, según la Seguridad Social, equivalente al 13,5% del PIB. Hace dos décadas, ese porcentaje era del 8%. Y la tendencia se acelera. El Banco de España estima que, sin reformas, el gasto en pensiones podría superar el 18% del PIB en 2050. La cremallera, efectivamente, se atasca.
¿Por qué importa esto? Porque el sistema actual se sostiene sobre un contrato intergeneracional que depende de que haya suficientes trabajadores cotizando. En el año 2000, por cada jubilado había 4,5 personas en edad activa. Hoy, la ratio es de 2,5. Según las proyecciones del INE, en 2050 será de 1,5. Eso significa que cada vez menos trabajadores deberán cargar con el peso de más pensionistas. La pregunta no es si se necesita una reforma, sino cuándo se atreverán los políticos a hacerla.
Análisis FORTIS: el Estado español gasta mal, tributa demasiado y entrega poco. La solución que ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez —subir cotizaciones sociales e incrementar impuestos sobre la renta y el patrimonio— no resuelve el problema de fondo. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado en 2024, las medidas aprobadas hasta ahora solo cubren un tercio del desequilibrio estructural del sistema. El resto se financia con deuda pública, que ya supera el 110% del PIB.
Desde una perspectiva liberal-conservadora, el enfoque correcto pasa por tres ejes. Primero, flexibilizar el mercado laboral para que los mayores de 60 años puedan seguir trabajando si lo desean, sin penalizaciones fiscales. La tasa de empleo entre los 55 y 64 años en España es del 58%, frente al 65% de la media de la OCDE. Segundo, fomentar el ahorro privado y los planes de pensiones individuales, que el Gobierno ha penalizado con el aumento de impuestos. Tercero, abrir una inmigración ordenada y cualificada que corrija el déficit de trabajadores, en lugar de cerrar fronteras como propone la izquierda.
Contrapunto: los defensores del statu quo argumentan que subir impuestos a las grandes fortunas y a las empresas es la vía justa para financiar el Estado del bienestar. Sin embargo, los datos de la OCDE muestran que España ya es uno de los países con mayor presión fiscal de la eurozona (38,5% del PIB) y, aun así, el déficit público ronda el 3,5%. Más impuestos no garantizan más eficiencia; al contrario, desincentivan la inversión y la creación de empleo. La AIReF ha señalado que mantener el sistema actual «requeriría un esfuerzo fiscal adicional insostenible o un recorte drástico de otras prestaciones». La evidencia es tozuda.
Para el liberalismo, la verdad está en los números, no en las promesas electorales. El silencio de los partidos —tanto del PSOE como del PP, que tampoco ha presentado una reforma seria— sobre la mesa es sintomático. Nadie quiere decirle a un jubilado que su pensión futura será menor, ni a un joven que sus cotizaciones no le garantizarán nada. Pero la cremallera no se arregla con parches; necesita una reforma de costura completa.