Por Renan Filho · 2026-09-24El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el censo de electores residentes en el extranjero (CERA) en la Comunidad Valenciana ha experimentado un incremento del 21% en los últimos dos años, coincidiendo con la aplicación de la Ley 20/2022, conocida popularmente como 'ley de nietos'. Esta norma, impulsada por el Gobierno de coalición, facilita la obtención de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.
Según los datos oficiales publicados por el INE, a fecha de septiembre de 2026, más de 180.000 valencianos residentes en el extranjero están inscritos en el censo electoral, frente a los 149.000 registrados en 2024. El crecimiento es especialmente significativo en países como Argentina, Cuba, México y Francia, donde las comunidades de descendientes de exiliados son más numerosas.
La 'ley de nietos' establece un plazo de dos años para que los descendientes de españoles que perdieron la nacionalidad por exilio político puedan recuperarla. Desde su entrada en vigor en octubre de 2022, más de 150.000 personas han solicitado la nacionalidad en todo el territorio nacional, y de ellas, aproximadamente 40.000 corresponden a la Comunidad Valenciana, según fuentes del Ministerio de Justicia.
El Gobierno valenciano, presidido por el socialista Ximo Puig, ha celebrado el incremento como un "éxito de la democracia" y una "reparación histórica" para las víctimas del franquismo. En declaraciones a la prensa local, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, afirmó que "la Comunidad Valenciana es tierra de acogida y de memoria, y este aumento demuestra que estamos construyendo un país más inclusivo".
Sin embargo, desde la oposición y algunos sectores jurídicos, las críticas no se han hecho esperar. El portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha denunciado que "la 'ley de nietos' se está utilizando como un instrumento electoral para inflar el censo con votantes que no tienen vinculación real con la Comunidad Valenciana". En su opinión, "muchos de estos nuevos nacionalizados nunca han pisado la Comunidad Valenciana y no conocen su realidad social, económica o política".
Por qué importa
El incremento del censo exterior tiene implicaciones directas en la representación política. La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con mayor peso del voto exterior en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Valencianas. Según la ley electoral, los residentes en el extranjero pueden votar en todas las elecciones, y sus papeletas se contabilizan en las circunscripciones provinciales. En las últimas elecciones generales de 2023, el voto exterior representó aproximadamente el 3% del total en la Comunidad Valenciana, suficiente para decantar un escaño en alguna de las tres provincias.
Este fenómeno no es nuevo. En las elecciones andaluzas de 2018 y 2022, el voto exterior fue determinante para el resultado final en varias provincias. En la Comunidad Valenciana, el escenario es similar: con un censo que crece un 21% en dos años, el margen de influencia electoral es cada vez mayor.
Análisis FORTIS
Desde una perspectiva liberal-conservadora, la ampliación del censo electoral mediante la concesión masiva de nacionalidad plantea al menos tres problemas graves.
El primero es la falta de control sobre la identidad y la voluntad real del votante. El voto por correo desde el extranjero es notoriamente vulnerable al fraude. En países como Argentina o México, donde las comunidades de descendientes son numerosas, no existe un sistema fiable de verificación de identidad. Los sobres electorales pueden ser manipulados, y las papeletas pueden llegar fuera de plazo o simplemente perderse. La Junta Electoral Central ha reconocido en reiteradas ocasiones que el sistema actual "no garantiza al cien por cien la integridad del voto exterior".
El segundo problema es la desconexión entre el votante y la realidad local. Un ciudadano que nunca ha residido en la Comunidad Valenciana, que no paga impuestos en ella y que no sufre las consecuencias de las decisiones políticas autonómicas, está votando para elegir a los representantes que gobernarán sobre los valencianos que sí viven allí. Esto es una distorsión democrática. La representación política debe basarse en la comunidad de intereses y responsabilidades, no en un vínculo genealógico a veces remoto.
El tercer problema es el uso partidista de la ley. La 'ley de nietos' fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios de izquierda y nacionalistas. No es casual que el perfil sociológico de los solicitantes de nacionalidad en el exterior sea mayoritariamente progresista. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2024, el 68% de los nuevos nacionalizados en el exterior se identifican con partidos de izquierda o centroizquierda. Esto convierte la ley en un instrumento de ingeniería electoral. El Gobierno de Sánchez no solo repara una injusticia histórica, sino que amplía su base de votantes potenciales.
Contrapunto
Es necesario reconocer que la 'ley de nietos' responde a una demanda legítima de justicia histórica. Miles de familias españolas fueron forzadas al exilio y perdieron su nacionalidad por razones políticas. La reparación es moralmente necesaria. Además, no todos los nuevos nacionalizados son votantes potenciales de la izquierda. Muchos de ellos, especialmente en países como Argentina o Uruguay, tienen posiciones políticas conservadoras o liberales.
El problema no es la nacionalidad en sí, sino la rapidez y la falta de controles con las que se está concediendo. El Gobierno ha priorizado la cantidad sobre la calidad. En lugar de establecer un proceso riguroso de verificación de vínculos reales con España, se ha optado por una tramitación masiva y exprés. Esto abre la puerta a abusos y a la manipulación electoral.