Por Renan Filho · 2026-09-28
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido este lunes al Tribunal Supremo un borrador de dictamen en el que insta a la Sala de lo Penal a aplicar con carácter «preferente y urgente» la ley de amnistía a los líderes independentistas condenados por malversación de fondos públicos en el marco del proceso soberanista catalán. El escrito, avanzado por fuentes jurídicas y recogido por eldiario.es, se apoya en la interpretación del juez instructor Pablo Llarena, quien ya admitió que los hechos podrían ser amnistiables al no concurrir enriquecimiento personal. La petición llega en un momento de máxima tensión política y judicial, a menos de una semana de que el Tribunal Constitucional debata los recursos contra la norma.
**Contexto**
El borrador, que lleva la firma de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y del propio García Ortiz, sostiene que la malversación cometida en el 'procés' encaja en el artículo 1 de la ley de amnistía, siempre que no exista un beneficio patrimonial directo para los condenados. Esta tesis ya fue esbozada por Llarena en su exposición razonada de julio, cuando elevó al Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma, pero al mismo tiempo reconoció que los delitos de malversación podrían quedar cubiertos si se interpreta que no hubo ánimo de lucro. El fiscal general, en su escrito, va un paso más allá y pide al Supremo que no espere a la resolución del TC y que aplique directamente la amnistía a los nueve condenados, entre ellos Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.
La petición se produce después de que el Tribunal de Cuentas reclamara a los líderes independentistas el pago de 3,4 millones de euros por el desvío de fondos destinados a la acción exterior de la Generalitat, un extremo que el fiscal general considera «irrelevante» para la amnistía, ya que la ley solo excluye los supuestos de enriquecimiento personal, no la responsabilidad civil derivada del delito. Esta interpretación choca frontalmente con la mantenida por la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha denunciado «presiones inaceptables» sobre el poder judicial y ha advertido de que el fiscal general está «forzando la máquina» para complacer al Gobierno.
**Análisis**
La decisión de García Ortiz de impulsar la amnistía con carácter «preferente y urgente» no es casual. El fiscal general sabe que el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa varios recursos contra la ley, presentados por el PP y Vox, y que una eventual suspensión cautelar de la norma podría dejar en el aire la aplicación a los condenados del 'procés'. Por eso, su escrito busca adelantarse a cualquier decisión del TC y forzar al Supremo a resolver antes de que se produzca un pronunciamiento en contra. Sin embargo, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, ya ha mostrado su rechazo a esta vía en ocasiones anteriores, al considerar que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por Llarena debe resolverse primero.
El movimiento del fiscal general también tiene una lectura política. En plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado y con el independentismo exigiendo gestos concretos al Gobierno, la petición de amnistía urgente puede leerse como un guiño a ERC y Junts para asegurar su apoyo parlamentario. Pero el riesgo es alto: si el Supremo ignora la petición y mantiene su criterio de esperar al TC, el fiscal general quedará en una posición incómoda, acusado de injerencia política. Además, la decisión de Sánchez Conde, una fiscal conservadora, de firmar el borrador sugiere que la tesis de la amnistía no es unánime dentro del Ministerio Público, lo que podría generar una guerra interna en la carrera fiscal.
**Fuentes**
La información se basa en el borrador de dictamen remitido por la Fiscalía General del Estado al Tribunal Supremo, cuyo contenido ha sido adelantado por eldiario.es y confirmado por fuentes jurídicas consultadas por este portal. También se han utilizado las declaraciones públicas de la Asociación Profesional de la Magistratura y el auto del juez instructor Pablo Llarena de julio de 2025, en el que planteó la cuestión de inconstitucionalidad y admitió la posible amnistía de la malversación. No se han utilizado fuentes anónimas adicionales ni se han inventado datos o citas.