Por Renan Filho · 2026-09-24La Comunidad de Madrid ha vuelto a estar en el centro de la polémica después de que se ejecutara la orden de lanzamiento sobre una vivienda protegida en la que residía Maricarmen, una mujer mayor cuya imagen llorando ha dado la vuelta al país. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de las críticas con una respuesta medida: el desalojo se hizo cumpliendo la ley y no es una decisión del Ejecutivo autonómico. «No es una decisión nuestra», ha insistido en declaraciones a los medios antes de recordar que la Administración no puede elegir qué sentencias acata.
La izquierda ha convertido el caso en un arma electoral. PSOE y Sumar han exigido explicaciones a la presidenta y han reclamado una comisión de investigación, mientras las redes sociales llenaban los muros de mensajes contra la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el argumentario partidista choca con la literalidad del procedimiento: había una resolución judicial firme, y quien la dictó no fue el Gobierno regional. Lo que algunos llaman «desahucio de Ayuso» es en realidad una ejecución forzosa ordenada por un juzgado.
La pregunta incómoda para el discurso oficial es otra: si la vivienda era de protección oficial y Maricarmen tenía un perfil vulnerable, ¿por qué llegó la situación a un lanzamiento judicial? Los expedientes de vivienda social en España son lentos, mal gestionados y muchas veces terminan en los tribunales por pura inercia burocrática. Es ahí donde la crítica a la Administración tiene fundamento, y no en la acusación de que Ayuso «echa a una abuela a la calle» por razones ideológicas.
Ayuso ha recordado que la Comunidad de Madrid no es la propietaria arbitraria de un patrimonio inmobiliario, sino una Administración obligada a cumplir la ley. En una vivienda social, el derecho de propiedad no es un capricho: es el bien jurídico que permite que otras personas con menos recursos puedan acceder a un techo. Que el Estado renuncie a recuperar una vivienda ocupada sin título solo para evitar un titular de prensa equivaldría a consagrar la ocupación como política habitacional, con un coste insoportable para los contribuyentes.
La discusión, por tanto, no debería ser si se debía o no cumplir la sentencia, sino cómo España ha llegado a tener uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa. Según los datos más citados del Observatorio de Vivienda y Suelo, la proporción de vivienda pública no llega al 3% en el conjunto del país, muy lejos de los niveles de los países de nuestro entorno. Ese déficit no se corrige demonizando al cumplimiento de la ley: se corrige liberando suelo, bajando impuestos y dando seguridad jurídica a la iniciativa privada para que construya más vivienda asequible.
El FORTIS no compra el relato de la izquierda, pero tampoco regala la absolución. En el caso de Maricarmen hay dos cosas al mismo tiempo: el cumplimiento de una sentencia y un evidente fracaso de la política pública. Que la Comunidad no tuviera la opción de ignorar la ley no significa que no pudiera haber hecho más para evitarlo. Lo razonable es que el realojamiento se hubiera tramitado antes, con transparencia, y que la mujer no se enterase de su salida por una fría notificación burocrática.
La respuesta de Ayuso es jurídicamente impecable, pero políticamente insuficiente si no va acompañada de una explicación sobre qué servicios sociales se activaron. El Gobierno regional debería hacer pública la cronología del expediente, los intentos de mediación y las alternativas concretas que se ofrecieron a Maricarmen. Eso es lo que separa a una administración respetuosa con el Estado de derecho de un aparato que se limita a pasar el expediente.
Mientras tanto, la izquierda trata de sacar rédito de un drama que ella misma contribuye a prolongar. La cultura de la ocupación y el intervencionismo en el mercado de la vivienda solo han conseguido reducir la oferta y encarecer los alquileres en las grandes ciudades. La ley no es el enemigo de los débiles; lo es la arbitrariedad. Una sociedad liberal no elige entre compasión y ley: elige una ley clara, aplicada con firmeza, y una red de asistencia para que ningún mayor duerma en la calle.
En definitiva, Ayuso tiene razón cuando dice que no fue una decisión suya, pero tiene enfrente un problema de fondo que exige mucho más que palabras. La derecha liberal debe mostrar que la economía de mercado y la política social no son términos opuestos. Nadie gana con el espectáculo de una anciana llorando en la acera; se gana demostrando que el Estado de derecho protege al ciudadano, y que las personas vulnerables no dependen del apetito ideológico de un gobierno.
Pregunta 1: ¿Qué ha dicho exactamente Ayuso sobre el desahucio de Maricarmen?
Respuesta: La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado, en declaraciones a los medios, que el desahucio se ejecutó cumpliendo la ley y que no fue una decisión del Gobierno regional. Según su argumento, la Administración está obligada a acatar una resolución judicial y no puede aplicar la ley según su conveniencia política.
Pregunta 2: ¿Qué debería hacer la Comunidad de Madrid a partir de ahora?
Respuesta: Más allá del cumplimiento de la sentencia, la Comunidad debería publicar la cronología completa del expediente, explicar qué alternativas de realojamiento se ofrecieron y garantizar que ninguna persona vulnerable quede sin asistencia. También debería aprovechar el caso para impulsar una reforma del parque público de vivienda: más transparencia, más oferta y menos burocracia.