Por Renan Filho · 2026-09-23Abraham Galera, hostelero catalán con varios establecimientos en Barcelona, ha encendido las redes sociales al afirmar que «que te obliguen a tener una lengua en la que atender me parece algo muy antiguo». La declaración, realizada en una publicación en su perfil de X (antes Twitter), ha generado una ola de reacciones tanto a favor como en contra, y pone el foco en una de las regulaciones más controvertidas de la Generalitat de Cataluña: la obligación de que los establecimientos comerciales y de hostelería atiendan al público en catalán, bajo amenaza de sanciones.
Galera, propietario de locales como el restaurante «Els Pescadors» en el barrio de Gràcia, no es un desconocido en el activismo empresarial. En anteriores ocasiones se ha manifestado contra lo que considera un exceso de burocracia y una injerencia del sector público en la libertad de los negocios. Su última crítica se dirige directamente a la Ley de Política Lingüística de Cataluña, que desde 2010 establece que «todas las empresas y establecimientos deben garantizar que los consumidores puedan ser atendidos en catalán», un requisito que, según la norma, puede ser fiscalizado por la Dirección General de Política Lingüística.
La imposición lingüística no es un fenómeno nuevo en Cataluña. Desde la Transición, sucesivos gobiernos autonómicos han impulsado la «normalización» del catalán en todos los ámbitos, incluido el comercial. Sin embargo, en los últimos años la presión se ha intensificado. En 2022, la Generalitat actualizó el Plan de Normalización Lingüística 2022-2025, que incluye medidas específicas para el sector privado, como la obligación de rotular en catalán y de disponer de personal capaz de atender en esa lengua. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 30.000 euros para infracciones graves.
¿Por qué importa esta declaración? Porque Galera no es un activista político, sino un empresario que genera empleo y paga impuestos. Su queja refleja un malestar creciente entre los pequeños y medianos empresarios catalanes, que ven cómo la regulación lingüística se convierte en una carga burocrática y económica adicional. Según un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona de 2023, el 68% de los hosteleros considera que la obligación de atender en catalán supone un coste extra en formación y contratación de personal, especialmente en zonas turísticas donde el español y el inglés son las lenguas mayoritarias de los clientes.
Análisis FORTIS: Desde una perspectiva liberal-conservadora, la imposición lingüística choca frontalmente con dos principios fundamentales: la libertad de empresa y la soberanía del consumidor. En un mercado libre, el empresario debería poder decidir en qué lengua atiende a sus clientes, en función de la demanda y la eficiencia. Si los clientes quieren ser atendidos en catalán, el mercado lo recompensará; si prefieren español o inglés, el mercado lo penalizará. El Estado no tiene por qué sustituir esa señal con una orden coactiva. Además, esta regulación eleva los costes de entrada para nuevos negocios y desincentiva la inversión extranjera, que ve en Cataluña un entorno regulatorio más hostil que en otras comunidades autónomas.
Contrapunto: Los defensores de la ley, como el actual conseller de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), argumentan que la medida es necesaria para preservar el catalán como lengua «propia» de Cataluña, y que sin protección legal el idioma estaría en riesgo de minorización frente al español. Según datos del Institut d'Estadística de Catalunya, el uso del catalán en el comercio ha caído del 42% en 2010 al 34% en 2023, lo que justificaría, a su juicio, la intervención pública. Sin embargo, FORTIS recuerda que esos mismos datos muestran que el catalán sigue siendo la lengua mayoritaria en los hogares (52%) y que su retroceso en el comercio se debe más a la globalización y al turismo que a una falta de protección legal. Obligar a un hostelero a atender en catalán no aumenta el uso social de la lengua; simplemente genera rechazo y costes.