Por Renan Filho · 2026-09-22Más de 200.000 familias en España solicitarán un préstamo bancario o crédito público para que sus hijos puedan cursar estudios universitarios en el próximo curso académico, según estimaciones del Observatorio del Endeudamiento Familiar, con datos del Banco de España y del Ministerio de Educación. La cifra supone un incremento del 18% respecto al año anterior y la más alta desde que existen registros comparables.
El motivo principal no es otro que el imparable encarecimiento del coste real de la universidad. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez congeló las tasas oficiales en el curso 2020-2021 como medida excepcional por la pandemia, desde entonces han subido por encima del IPC en comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Andalucía. Pero el verdadero problema no son las tasas públicas —que en España siguen siendo bajas en comparación con Estados Unidos o Reino Unido—, sino los gastos asociados: alquiler, transporte, material, comedor y, sobre todo, la pérdida de ingresos laborales que supone que un joven dedique cuatro años a estudiar en lugar de trabajar.
El coste de oportunidad, que el Estado ignora deliberadamente en sus cálculos de “gratuidad”, es el que está empujando a las familias al endeudamiento. Según un informe de la Fundación BBVA, el coste total de un grado universitario (matrícula, vivienda, manutención y salario no percibido) supera los 60.000 euros de media. Para una familia con ingresos medios de 30.000 euros anuales, eso equivale a dos años enteros de renta. Sin ahorros previos —y la tasa de ahorro de los hogares españoles está en mínimos históricos, por debajo del 6%—, el único recurso es el préstamo.
El Gobierno ha respondido ampliando la línea de créditos del ICO para estudiantes, con condiciones teóricamente favorables: tipos de interés fijos del 2,5% y hasta 15 años de plazo. Sin embargo, el propio Banco de España advierte en su último informe de estabilidad financiera que uno de cada cinco hogares que han solicitado estos créditos en los últimos dos años presenta ya indicadores de sobreendeudamiento. Es decir, el remedio puede estar generando una nueva burbuja de deuda familiar.
Por qué importa: La promesa del “Estado del bienestar” de una educación superior gratuita y accesible se desmorona cuando los datos muestran que las familias tienen que pedir dinero prestado para cubrir lo que el sistema público no financia. El Estado español gasta más de 12.000 millones de euros anuales en universidades públicas, pero el 70% de ese presupuesto se va en salarios y cargas administrativas, según la Intervención General de la Administración del Estado. Solo un 12% se destina directamente a becas y ayudas al estudiante. Mientras, las plantillas de profesorado no crecen al ritmo de la demanda, las aulas se masifican y los grados se alargan más allá de los cuatro años oficiales en muchas carreras técnicas.
Análisis FORTIS: La solución no pasa por inyectar más dinero público en un sistema que demuestra una eficiencia pésima. España tiene una de las tasas de abandono universitario más altas de la OCDE (cerca del 20% en grados), lo que indica que el modelo no está diseñado para que los estudiantes terminen, sino para que las universidades mantengan su financiación por alumno matriculado. El libre mercado ofrece alternativas que el Estado bloquea: títulos profesionales de dos años, formación online a bajo coste, universidades privadas con precios competitivos y acuerdos con empresas para financiar estudios a cambio de futuros contratos. Pero la rigidez regulatoria y el monopolio de la acreditación oficial impiden que estas opciones florezcan. El resultado es una clase media que paga impuestos para sostener un sistema ineficiente y luego paga otra vez con créditos para que sus hijos puedan acceder a él.
Contrapunto: Defensores del modelo público, como el sindicato de estudiantes y algunas asociaciones de rectores, argumentan que el problema no es el gasto, sino la infrafinanciación histórica. Señalan que España dedica a universidad el 1,1% del PIB, por debajo de la media europea del 1,4%. Sin embargo, ese dato omite que el gasto por estudiante en España es similar al de Alemania o Francia, pero con peores resultados en inserción laboral. La productividad del gasto es lo que falla, no el volumen. Además, la comparación europea no tiene en cuenta que los países con mejores tasas de finalización y empleabilidad tienen sistemas más flexibles, con mayor presencia de la iniciativa privada y menos burocracia.